Funcionarios del Cabildo de Lanzarote elaboraron para el Juzgado de lo penal número 1 un contra informe para desmontar otro dictamen del propio Cabildo en el juicio contra un empresario, que ha sido condenado a un año de cárcel por hacer obras sin licencia en La Geria, en el término municipal de Tinajo.

El informe, firmado por Delia Fernández con el visto bueno del Director insular del Territorio, no lo había pedido ni la acusación ni la defensa y lo aportó al Juzgado otra técnico, Amada Fontes, que declaró como perito a solicitud de la defensa, en la vista oral del pasado 26 de marzo.

El juez no lo admitió como prueba, lo considera un “contra informe”, calificó su origen como “siniestro” y señaló en la sentencia que refleja “un perturbador proceder del Cabildo”.

El juicio parte de una denuncia del Seprona en 2008 y el Cabildo informa sobre las obras en 2011, pero en enero de 2013 se aprueba el Plan Especial de La Geria, por lo que el Juzgado pide otro informe para ver si las obras se pueden ajustar al nuevo Plan. Ese informe, “con no pocos inconvenientes, llega a emitirse el día 18 de marzo”, se refleja en la sentencia.

El informe de la Oficina del Plan Insular no era favorable al acusado, Nemesio González Viera, indicaba que las obras no son legalizables, y es el propio Cabildo el que inicia un expediente de legalización, que no culmina porque no es la Administración competente, ya que debería hacerlo el Ayuntamiento de Tinajo.

Se pregunta el juez cómo tuvo conocimiento la técnico que lo aporta en el juicio del otro informe elaborado por la jurista del Plan Insular ya que actuaba como perito judicial. La técnico señala que se lo facilita otro perito de la defensa porque ella tenía interés en conocer su contenido para preparar mejor su intervención.

“A la vista de lo manifestado por este juzgador en sala, y lo aquí redactado, se incide nuevamente en la inadmisibilidad como prueba, de este informe, fechado en el día anterior al juicio, y cuya elaboración y presentación resultan extrañamente espontáneas, puesto que las partes acusadora y la defensa han manifestado desconocer su procedencia, y han negado haber solicitado dictamen alguno”, dice la sentencia.

La realidad de la finca

Fontes admite en el juicio que no visitó la finca y basa su criterio a su vez en otro informe que hace el departamento de Medio Ambiente, que dice que la obra es legalizable si ejecuta hasta quince condiciones.

La sentencia señala que la perito da por buenos los condicionantes de Medio Ambiente como si ya se hubieran hecho esa correcciones “tomando el criterio favorable a la compatibilidad e informando sobre la viabilidad de las obras ejecutadas”.

Dice la sentencia que “ha de criticarse la redacción de este informe puesto que parece recoger el condicionado de Medio Ambiente en los aspectos relevantes, y expresarlos en términos que inducen a pensar que esa es la realidad de la finca, no siendo así como se explicará a continuación, y entendiendo que dicho informe realiza un arriesgado salto sobre la conocida guillotina de Hume, plasmando como efectivo ‘ser’, el ‘deber ser’ que recogía el informe de Medio Ambiente”.