En su último Consejo de Gobierno, el Cabildo de Lanzarote decidió destituir a los tres directores insulares que aún estaban ejerciendo su cargo desde la etapa de la presidencia de Pedro San Ginés (CC).

Los destituidos son Alejandra Martinón, que era directora insular de Planificación y proyectos, Miguel Ángel Santana, de Ordenación territorial y José Domingo González Benasco, que era director insular de Participación ciudadana.

En un Consejo de Gobierno anterior, el nuevo equipo de gobierno, compuesto por PSOE y PP, ya había decidido allanarse ante dos procedimientos judiciales que solicitaban la nulidad del nombramiento de otro director insular, Jorge de la Guardia, en este caso de Empleo y Nuevas Tecnologías, que fue nombrado en febrero de 2019.

Los procedimientos los habían interpuesto el exconsejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, y la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias, por la “disconformidad a derecho” del acuerdo del Cabildo por incumplimiento con los principios de publicidad y concurrencia.

Según la asesoría jurídica del Cabildo, el nombramiento “incumple varios preceptos legales” e “ignora la obligación de seguir procedimientos con publicidad y concurrencia para el nombramiento de personal directivo”.

Además, “desoye el sistema general de reserva legal de puestos directivos a favor de personal funcionario de carrera del subgrupo A1, sin cumplimiento de los requisitos para excepcionar tal reserva general para que pueda ser ocupado por personal del sector privado”.

El cargo de director insular se considera un cargo público y debe pasar por un proceso de selección y no ser nombrado de forma discrecional. Hay nombramientos similares, realizados en análogas condiciones, que ya han sido revisados y anulados por los juzgados de lo contencioso administrativo tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife, sobre los que han recaído sentencia de nulidad confirmadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.