La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza acordó la recepción tácita de cuatro planes parciales: San Marcial del Rubicón y Las Coloradas, en Playa Blanca y Cortijo Viejo y Puerto Calero en la localidad turística del mismo nombre. Yaiza recibe estos planes, que se aprobaron en los años setenta, y lo hace por “imperativo legal”, según recoge la Ley del Suelo.

El informe jurídico solicitado por el Ayuntamiento señala que si el promotor no ha finalizado las obras a las que estaba obligado, deberá acudir al sistema de ejecución forzosa “que en esencia consiste en concluir la ejecución de forma subsidiaria por cuenta y a cargo del responsable de la ejecución del planeamiento en cualquiera de los sistemas que prevé la normativa, mediante la declaración de incumplimiento del sistema de ejecución privado”.

El Ayuntamiento considera que las urbanizaciones ya se han recepcionado de forma tácita puesto que concede licencias de obra y de primera ocupación, liquida y percibe el IBI y otras tasas por servicios municipales prestados o ejerce labores de policía desde hace más de diez años. Respecto a las áreas de suelo urbano no consolidado en Castillo del Águila y Montaña Roja “no procede hacer pronunciamiento toda vez que están bajo la vigencia y acuerdos de los convenios urbanísticos suscritos en el seno del Plan General”.

La recepción por imperativo legal no exonera a los promotores “de la urbanización de sus obligaciones legales de completar y terminar la misma; así como de proceder a la transmisión hasta completa inscripción de las parcelas y áreas objeto de cesión a la Administración pública”. El Ayuntamiento, por tanto, sigue manteniendo la manera de obligar a los promotores a que ejecuten las obras que quedan por hacer.

Entre las medidas que puede llevar a cabo el Ayuntamiento está la declaración formal de incumplimiento, con efectos sobre los sistemas de ejecución y la gestión urbanística, así como destinar en ejecución subsidiaria las garantías depositadas a la adopción de medidas correctoras y de subsanación.

Lo que hizo la Junta de Gobierno, a finales de mayo aunque el acuerdo íntegro se publicó este viernes en el boletín oficial, fue formalizar la recepción y asumir, por tanto, las siguientes obligaciones: conservar la urbanización, subrogándose en los contratos con las empresas suministradoras de servicios; prestar los servicios municipales obligatorios; tramitar y, en su caso, otorgar los títulos habilitantes de la edificación y ejercicio de actividades.

A su vez solicitó informes a los servicios técnicos municipales para formalizar el acta de recepción de las obras de urbanización de cada plan parciales y el cumplimiento de las obligaciones legales de cesión de suelo a la Administración; y según el sentido de dichos informes requerirá a los promotores que las ejecuten o iniciará el trámite de ejecución subsidiaria de las obras pendientes de ejecución, con cargo a los responsables de la urbanización.