La Comisión Europea ha decidido archivar la queja de la asociación ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción sobre las obras del nuevo puerto de Playa Blanca (Yaiza). El jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ion Codescu, ha respondido a la queja formulada por la asociación ecologista hace un año y medio comunicando el archivo, tras completar el examen de dicha queja por parte de los servicios de la Comisión.

La UE se disculpa por el retraso en el tratamiento de esta queja. La federación ecologista había manifestado que la declaración de impacto ambiental para las obras del puerto, por parte del organismo Puertos Canarios, dependiente del Gobierno de Canarias, no tuvo en cuenta las afecciones de áreas protegidas a nivel europeo por lo que se habría vulnerado la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente puesta en relación con la Directiva de conservación de hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestre y con la Directiva relativa a la conservación de aves silvestres.

La Comisión contesta que aunque la Unión Europea sea responsable de velar por el cumplimiento del derecho de la UE por parte de los estados miembros, son las autoridades nacionales, administrativas y judiciales, las competentes en primera instancia en velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria “correctamente transpuesta en los ordenamientos internos”.

Por ese motivo, la Comisión anuncia que no propone iniciar un procedimiento de infracción contra España por posible incumplimiento del derecho de la UE. Alega que según los criterios u orientaciones de una comunicación comunitaria sobre Derecho de la UE, la queja no entra dentro de las prioridades de acción señaladas por la Comisión, sino que se trata de una instancia individual de presunta mala aplicación del derecho europeo “sin que pueda inferirse que exista una mala práctica sistemática o un incumplimiento estructural con el ordenamiento comunitario”.

En la respuesta, después de hacer otras consideraciones de tipo técnico sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, recuerda a la federación ecologista que como ciudadanos pueden impugnar esta decisión ante los tribunales de justicia.

Ben Magec-Ecologistas en Acción denunció en marzo del año pasado que el Gobierno de Canarias podría haber prevaricado al autorizar las obras del puerto de Playa Blanca ya que detectó serias irregularidades en el expediente de Costas que hacían que la adjudicación sea nula de pleno derecho. Señalaban que la adscripción de las nuevas obras no se había terminado antes del inicio de los trabajos, tal y como establece la Ley de Costas.

Las obras comenzaron en noviembre de 2017, según los ecologistas, “sin el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, lo que significa que la autorización que la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias otorgó aprobando el proyecto y permitiendo su ejecución, a todas luces, incurre en causas de nulidad de pleno de derecho”. Esa adscripción estaba condicionada a que el Gobierno de Canarias presentara una modificación sobre los usos en la zona de servicio del puerto.

También alegaban la incongruencia de utilizar fondos Feder bajo el epígrafe de desarrollo sostenible para construir infraestructuras que atentan contra el medio ambiente y recordaban que el puerto de Playa Blanca está dentro de los límites” de un espacio protegido de la Red Natura 2000, el Lugar de Interés Comunitario (LIC) del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura. Las obras supondrán unos impactos que no han sido suficientemente evaluados, como la afección a los sebadales del entorno, las tortugas y los cetáceos o a las zonas de baño, añadían los ecologistas.

Lugar de Interés Comunitario

Desde Ben Magec, Tania Montoto, señala, ante esta respuesta, que su sensación es, “una vez más, de cierta impotencia” porque el puerto está dentro de los límites de un LIC “que no despierta el suficiente interés comunitario como para tomar parte en el asunto”.

“La respuesta de la Comisión Europea a nuestra queja, si bien no dice que no estemos en lo cierto, porque simplemente nos dirige a denunciar en primera instancia en las administraciones estatales, es insuficiente a nuestra llamada de socorro”, señala.

Por otra parte, se pregunta dónde está para este proyecto la evaluación del impacto sobre las especies y los hábitats, así como las medidas compensatorias, ya que en la zona se documentan “especies tan relevantes y vulnerables como la seba, numerosas especies de cetáceos o tortuga boba”.

Los ecologistas habían denunciado las obras ente el Seprona, solicitando su paralización cautelar, instando en varias ocasiones a que iniciaran las investigaciones pertinentes, pero no ha dado resultado. “Sospechamos, directamente, que hay, como se está viendo en otros casos de Puertos Canarios en las islas, otros intereses más poderosos y, a su juicio, más importantes”, destaca.

“Nos entristece también la condescendencia del Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente, puesto que las irregularidades de este proyecto no son exclusivamente ambientales, sino también administrativas. Es más, las irregularidades en la tramitación podrían haber sido utilizadas para revertir y corregir la situación y, en cambio, se han dejado pasar”, aseguran desde Ben Magec.

“Lamentablemente para este caso se pone también de manifiesto cuán importantes son las movilizaciones sociales a la hora de reivindicar el derecho ambiental y denunciar las injusticias que se cometen en el territorio en el que unas habitamos y con el que otros especulan. Un ejemplo de contrapeso sería el sonado caso de la ampliación del muelle de Agaete, proyecto gemelo que ha entrado incluso entre los temas de pacto de gobierno y en el que, a pesar de que llevan amenazando meses con el inicio de las obras, afortunadamente no se ha movido ni un tetrápodo”, destaca Montoto.