La Audiencia Provincial de Las Palmas tiene previsto juzgar este miércoles a las diez de la mañana a los tres administradores de la empresa lanzaroteña Construcciones Taguaro, acusados de los presuntos delitos de falsificación y estafa en grado de tentativa.

La Fiscalía ha solicitado para F.G.B., A.G.B. y J.C.G.B., responsables de la citada empresa, con domicilio en Arrecife, que se les imponga una pena de tres años de prisión, inhabilitación y doce meses de multa a razón de 10 euros por día.

El fiscal considera que, “actuando de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento”, presentaron una demanda reclamando una indemnización por daños y perjuicios que ascendía a 49.740 euros contra la empresa Improrep Canarias.

Junto a la demanda acompañaron, “como documentación esencial para acreditar el importe de los daños y perjuicios causados”, un total de 38 partes de trabajo “presuntamente firmados por trabajadores de la empresa Obras y Constricciones Evaristo, “si bien la firma atribuida a esos trabajadores no es la auténtica”, señala la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que se ‘confeccionaron’ documentos para ser aportados a la demanda y acreditar los gastos realizados por la empresa de los acusados. Además de los partes de trabajo, añade, también se adjuntaron dos facturas “presuntamente abonadas a Comerciantes Canarios por valor de 6.183 y 7.662 euros”.

Estas facturas, según la Fiscalía, se presentaron con un sello de la empresa Taguaro “que no corresponde a esta empresa sino a una entidad ya extinguida, Comerciantes Unidos Punto Rojo”.

El Ministerio Fiscal subraya que “con la demanda y la documentación” los acusados buscaban una sentencia que condenara a Improrep Canarias al pago de 49.740 euros “correspondientes a obras y trabajos realizados por la empresa Obras y Construcciones Evaristo” y “a la empresa Comerciantes Canarios”.

La Fiscalía sostiene que los acusados pretendían "una resolución judicial errónea" de casi 50.000 euros

Según la Fiscalía, en el primero de los casos aportando “partes de trabajo en el que las firmas de los trabajadores han sido imitadas o sustituidas” y en el segundo con dos facturas “cuyo CIF de Taguaro ha sido alterado intencionadamente” consignando el de una empresa “extinguida desde el 2003”.

“La documentación aportada junto a la demanda”, “ha sido confeccionada por los acusados sin que se corresponda con trabajos efectivamente realizados, teniendo la única pretensión de obtener una resolución judicial errónea” que les beneficiara, concluye la Fiscalía.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsificación y de un delito de estafa procesal en grado de tentativa.