El Ayuntamiento de Teguise ha empezado a pagar este año la usurpación de casi 25.000 metros cuadrados de suelo en Caleta de Caballo. El regalo en los años 80 a unos vecinos de unos terrenos que no eran propiedad municipal y su posterior ocupación les costará a todos los vecinos del municipio unos 6,6 millones de euro. Este año ya han pagado cerca de un millón, pero la cantidad dedicada a expropiaciones de terrenos en el futuro podría ser mayor por varios terrenos en Caleta de Famara.

De momento el Ayuntamiento va ganando tiempo. El pasado mes de noviembre decidió en pleno no aceptar las alegaciones de los propietarios de suelo en esa localidad. Tres propietarios de terrenos de Famara reclaman cantidades que suman 2,5 millones de euros y solicitaron, como alegaciones al presupuesto de 2018, que se incluyera el pago de esas cantidades.

Esas alegaciones se desestimaron aunque sí se aceptó una relacionada con un terreno en La Graciosa, en Caleta de Sebo, cuya expropiación para un vial está valorada en algo más de 60.000 euros.

Una de las reclamaciones de Caleta de Famara tiene que ver con un terreno en el número 43 de la Avenida del Marinero y las otras dos en la calle San Borondón, en los números 6 y 68. Se trata de tres solares que tienen una superficie de 1.200, 1.100 y 818 metros cuadrados, respectivamente, y los tres casos son muy parecidos.

Los propietarios presentaron el acuerdo de la Comisión de valoraciones de Canarias entre finales de 2016 y mediados de 2017. Los tres terrenos están dentro del espacio natural protegido del Archipiélago Chinijo y, por tanto, afectados por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Son terrenos considerados como suelo urbano consolidado por la urbanización pero convertidos en zonas verdes.

De hecho, fue el PRUG el que los calificó así. En el primer caso, una parte pasa a ser zona libre y otra dotacional, en el segundo una parte también es zona libre y otra se dedica a vial y el tercer solar, el más pequeño de los tres, es espacio libre.

Los tres propietarios, tras el acuerdo de la Comisión de valoraciones de Canarias, presentaron a principios de este año la solicitud de que se incluyera en los presupuestos esa partida y el Ayuntamiento, considerando que el acuerdo de la Comisión era lesivo para los intereses municipales, acordó requerir al organismo para que derogara ese acto.

Por un lado, el Ayuntamiento sostiene que en alguno de los casos no está suficientemente acreditada la titularidad y que tampoco lo están otros datos de las fincas, pero no es ese el motivo principal por el que no aceptan las alegaciones de los reclamantes.

Se trata de tres solares que tienen una superficie de 1.200, 1.100 y 818 metros cuadrados respectivamente, y los tres casos son muy parecidos

Los informes jurídicos emitidos por el Ayuntamiento no aceptan las alegaciones al presupuesto por la anulación del PRUG. Señalan que la expropiación de los terrenos deriva de la aprobación del PRUG y que, por tanto, con el PRUG anulado por sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre de 2017, también se anula la expropiación.

Dicen los informes que la anulación del planeamiento conlleva la anulación de la causa de expropiación, por lo que, según la jurisprudencia, se anula el expediente de expropiación, incluyendo el justiprecio aunque el acuerdo de la Comisión de valoraciones haya adquirido firmeza.

Los informes, no obstante, reconocen, que aún no se ha publicado la sentencia (a pesar de que ha pasado un año desde que se dictó) en el Boletín Oficial de Canarias y por lo tanto, el PRUG aún seguiría estando en vigor, según reconoce incluso un informe del jefe del área de Coordinación de Planeamiento del Gobierno de Canarias, que dice que la sentencia es firme pero está pendiente de ejecución y que el propio Tribunal Supremo ha instado al Gobierno de Canarias a que la ejecute.