Diez días de plazo. La oposición de la Plataforma por una vivienda digna ha logrado este viernes por la mañana aplazar el lanzamiento de una vivienda en la calle Almería, de Altavista (Arrecife) que ocupaban desde hace seis meses una pareja, Nayeli y Aridany, y sus tres hijos, menores de edad. La vivienda es propiedad del BVA. Hace un mes, el Juzgado de primera instancia número 3 de Arrecife ordenó el desahucio. Nayeli explicaba que se puso en contacto con el banco y no le dieron ninguna opción.

Su marido y ella llegaron desde Fuerteventura a Lanzarote hace un año. Estuvieron cuatro meses viviendo en casa de un hermano y finalmente pasaron a ocupar la vivienda de enfrente, por la que tuvieron que pagar 500 euros al anterior ocupante. Nayeli señala, sobre la situación de la vivienda, que “es culpa de las casas vacacionales que tienen a muchas familias con el agua al cuello”.

Aridany ha tenido trabajos esporádicos y necesita un mes de fianza y otro de alquiler para entrar a un local adaptado como vivienda, con baño, en Arrecife, que tiene apalabrado. El lunes tiene pendiente una reunión con Servicios Sociales del Ayuntamiento, que le podrían adelantar el dinero.

Cuando llegó la comisión judicial a la vivienda, pasadas las doce del mediodía, frente a la puerta se había instalado el propio Aridany, así como miembros de la Plataforma por una vivienda digna. También había dos cargos públicos, la concejal de Arrecife, Leticia Padilla y la parlamentaria María del Río, ambas de Podemos. Solicitaron que se aplazara el lanzamiento una semana para que pudieran encontrar otra vivienda.

Los agentes de la Policía Nacional consultaron a la comisión judicial si había otra opción porque si no, tendrían que utilizar la fuerza, ya que estaban oponiendo resistencia. Hasta en dos ocasiones la comisión señaló que si tenían que utilizar la fuerza, que la utilizaran. Finalmente, tras varias llamadas telefónicas, la comisión acordó con Aridany otorgarle un plazo de diez días para abandonar la casa.

Finalmente, Aridany se mostraba satisfecho porque cree que podrá alquilar ese local y encontrar trabajo. Su pareja aseguraba que “vivir así no es agradable”, ya que tampoco tienen agua corriente. Del Río recordaba que “no se puede celebrar la Constitución y desahuciar a una familia al día siguiente” y Padilla insistía en que hay jurisprudencia sobre que no se puede desahuciar a a menores de edad sin que haya antes una alternativa habitacional adecuada.