La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, firmó un decretó el pasado 28 de noviembre por el que ejecuta la sentencia de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le obligaba a reponer en su puesto de secretaria accidental a Asenet Padrón.

La sentencia obligaba a reponerla en “en el puesto de trabajo del que fue indebidamente removida, con efectos de la fecha del cese (del primero) y, en suma, con las consecuencias económicas y de cualquier otra índole legalmente inherentes a este pronunciamiento”.

En octubre pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Las Palmas emitió una providencia por la que se requería al Ayuntamiento a que “de forma inmediata” procediera al cumplimiento de la sentencia “y se dicte el decreto de ejecución de sentencia acordando la reposición en su puesto de trabajo de Asenet Padrón Niz y se le abonen las cantidades adeudadas a la misma como consecuencia económica inherente a la sentencia”.

El Ayuntamiento también recurrió esa providencia pero sólo en cuanto a las cantidades adeudadas. En el texto del acuerdo del decreto se ordena “llevar a puro y debido efecto el fallo de la sentencia” y proceder a la reposición “en el puesto de trabajo del que fue indebidamente removida (…), quedando pendiente de ejecución la condena dineraria, la cual se procederá a ejecutar tan pronto como se resuelva el recurso de reposición interpuesto”.

Se da traslado de ese acuerdo a Recursos Humanos (cuya concejal es la propia alcaldesa) para que lo cumpla, pero no se nombra a Padrón expresamente en su nuevo puesto, ni se le da traslado del decreto, ni se destituye a la actual secretaria accidental.

Padrón fue designada secretaria accidental en 2005, cuando gobernaba Isabel Déniz, y destituida en enero de 2012, bajo el gobierno municipal compuesto por Partido Popular y Partido Socialista. La exsecretaria ya ha ganado dos procedimientos por su destitución, que fue anulada en primera y en segunda instancia en el año 2014.

Para ejecutar la sentencia, el entonces alcalde, José Montelongo, emitió un decreto en diciembre de 2015 justificando su cese en base a un informe que se confeccionó seis meses después de la destitución. No la repuso en su puesto, así que la funcionaria volvió a recurrir y le volvieron a dar la razón.

Su destitución se produjo después de que los entonces responsables políticos del Ayuntamiento acusaran a la funcionaria en una rueda de prensa de “falta de diligencia” en un procedimiento relativo a una reclamación millonaria al Ayuntamiento por una expropiación.

Meses después, la funcionaria demostró con un certificado que el abogado del Ayuntamiento en el citado procedimiento había obtenido el expediente completo con el tiempo suficiente. Padrón llegó a denunciar que habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su consentimiento en busca de un expediente que estaba siendo objeto de investigación judicial en el caso Montecarlo.