El 9 de octubre, el Cabildo de Lanzarote decidió declarar la situación de emergencia humanitaria “al objeto de adoptar, con carácter inmediato, las medidas precisas para responder a las necesidades básicas de acogida de estos menores extranjeros no acompañados, por el periodo de tiempo imprescindible para su asimilación por parte de los recursos normalizados” y para instar al resto de administraciones a que pusieran en marcha medidas para abordar la situación.

Según explicó el propio Cabildo, esta declaración se lleva a cabo principalmente porque les permite poder recurrir a un albergue ubicado en La Santa y alojar allí a todos los menores, ya que lo gestiona en régimen de concesión una empresa privada, que ha dejado de hacerlo de forma temporal. El Cabildo tenía una casa de acogida, de mucha menor capacidad, pero la cerró ante la ausencia de llegada de pateras en los últimos años y ahora tiene otro cometido.

Hasta ese día, 9 de octubre, habían llegado 167 menores. Después, han llegado varias decenas más. Dice el decreto que la situación es “extremadamente alarmante debido al elevado número de menores que se están acogiendo actualmente en la isla y la incapacidad real de acogida, tanto por la falta de espacio físico como de medios”.

El Cabildo repartió los menores, en un primer momento, en el Aula de la Naturaleza de Máguez y en las casas forestales de Yaiza, un lugar previsto para diez personas donde llegó a haber sesenta. También recurrió de forma extraordinaria a carpas y colchonetas hinchables, hasta que finalmente todos los menores fueron alojados en La Santa.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, declaró que en La Santa “están totalmente desbordados” por la llegada de pateras y que eso ha generado “mucha tensión” e instó al Estado a agilizar la distribución de los menores inmigrantes. El Gobierno de Canarias ha solicitado en varias ocasiones que se acoja a los menores en los cuarteles de Arrecife.

Ante esta situación, la Federación Canaria de Islas (Fecai) acordó en Fuerteventura reeditar el acuerdo de 2002 de reparto de menores entre los cabildos, con un número como referencia: 330 menores. Para explicar el acuerdo, Belén Allende, la presidenta de turno de la Fecai, dijo: “Compartimos esta situación con Andalucía, con Ceuta y Melilla, entre otras, y porque sabemos de lo que hablamos y estamos en la misma situación, pedimos al Gobierno español que tenga en cuenta el carácter excepcional de esta situación y habilite acuartelamientos en los que se pueda atender a quienes llegan a Canarias en pateras”.

Actualmente, en España hay más de 11.000 menores no acompañados. Más de la mitad de ellos están en Andalucía. Las comunidades que acogen más menores son, además de Andalucía, Melilla, País Vasco y Cataluña, con más de mil cada una. Canarias no llega a 400 frente a los casi 5.621 de Andalucía y, sin embargo, es Canarias quien ha decretado la emergencia humanitaria.

En lo que va de año han llegado a Canarias 54 pateras con 1.073 personas, más un cayuco que llegó desde Gambia con 73 personas (26 menores) a Gran Canaria. Casi todas las pateras han desembarcado en Lanzarote, aunque también han llegado a Fuerteventura –que ya ha iniciado también los trámites para declarar su emergencia humanitaria en la isla- y se han rescatado embarcaciones a unas millas de Gran Canaria.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR) recuerda que 2006, en plena crisis de los cayucos, llegaron a las Islas 31.678 y no hay constancia de que se decretara una situación similar de emergencia humanitaria. “La dimensión debería ser asumible y gestionable”, señala.

En Lanzarote ha habido varios alcaldes que han manifestado públicamente su preocupación por que los menores puedan suponer una amenaza para la población. Lorenzo señala que puede entender “que la gente tenga cierto recelo” pero pide un ejercicio de “responsabilidad, coordinación y coherencia”. “Si hay alarma social” -dice- “está injustificada, no consta que haya pasado nada, no ha habido ningún incidente”.

Añade que en una crisis migratoria “no tiene que ver tanto el número de personas sino cómo lo gestionamos de forma seria y no nos dejamos alarmar de forma sensacionalista”. Sobre la declaración de emergencia humanitaria, destaca que quizás se pretende manifestar la situación de fragilidad de las personas que llegan”, pero matiza que a lo mejor se podía haber optado por otro mecanismo.

Lorenzo pide que se avance en coordinación y búsqueda de alternativas para que los menores estén en condiciones más dignas y adecuadas, señala que el problema desvela “la ausencia de una previsión de espacios adecuados para gestionar la acogida” y valora positivamente la reunión de la Fecai y el “mecanismo de solidaridad” reactivado para el reparto de los menores entre los cabildos.

Las pruebas a los menores

La principal queja de las administraciones locales es la demora en hacer las pruebas óseas para determinar la minoría de edad. Sin esa prueba, la Fiscalía no permite el traslado a otras islas de quienes dicen ser menores y la edad la determinan los forenses en base a esas pruebas radiológicas. A pesar de que el propio Gobierno se queja del retraso, a su vez podría ser el causante.

La Subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Eva Bajo declaró a la Cadena Ser que tienen recursos suficientes para afrontar la demanda y que “quizá el problema puede estar en otro lado, en la realización de esas pruebas que se hacen en servicios de Radiología del Servicio Canario de Salud”. Las pruebas van lentas.

El 24 de octubre, cuando ya habían llegado más de cien jóvenes en unas pocas semanas, tan sólo se habían completado las pruebas a once de ellos, según informó la Dirección de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. De los once, solo cuatro eran menores.

Los menores acogidos en Lanzarote, con datos actualizados a finales de octubre, son 122 en La Santa, 15 en Yaiza y tres chicas y un chico en los recursos propios del Cabildo. Otros cuarenta, aproximadamente, se han fugado. Según el reparto de la Fecai, Lanzarote debería acoger 27.

Maite Corujo, consejera de Bienestar del Cabildo de Lanzarote, señala que desde septiembre sólo se ha derivado a doce jóvenes a otras islas. Algunos están esperando por la resolución del forense y otros por la de la Fiscalía, que es la que les permite moverse.

Destaca que el reparto se complica si también siguen llegando embarcaciones a otras islas. “Tenerife tiene que acoger más de 50 pero aún no tiene el recurso disponible”, asegura. Corujo considera que el reparto “era un punto de partida” pero que si siguen llegando tendrán que involucrarse otras comunidades.

El Cabildo va a ampliar tanto el número de plazas como el de servicios a ofrecer y a prorrogar el contrato que firmó con la empresa Lude para gestionar La Santa durante tres meses y por más de 19.000 euros. El Gobierno de Canarias se encarga de los pagos de los monitores y de otros gastos que están fuera de convenio. Por otra parte, Corujo señala que no ha habido ningún incidente, “nada llamativo, los roces típicos entre adolescentes”.

Para los que son mayores de edad, el juzgado abre un expediente de expulsión y habitualmente ordena su ingreso en un Centro de internamiento de Extranjeros (CIE). Actualmente sólo hay un CIE operativo en Canarias, el de Hoya Fría en Tenerife, con capacidad para 238 personas. El de Barranco Seco, en Gran Canaria, está en obras. La mayoría de las personas que ha llegado en los últimos meses es de nacionalidad marroquí y España y Marruecos tienen firmado un convenio que permite la devolución, pero en la mayoría de los casos no se está ejecutando.

Según publicaba en diciembre el diario El País, en 2016 no hubo ninguna repatriación desde Hoya Fría. De hecho, 113 inmigrantes fueron puestos en libertad por orden judicial, 33 fueron puestos en libertad antes del plazo máximo de seis meses que pueden permanecer en el CIE y 23 agotaron el plazo.

La puesta en libertad, sin documentos, no soluciona nada. Es una condena a la marginalidad porque no se pueden desplazar en avión a otro lugar ni tampoco trabajar legalmente. Lorenzo, de CEAR, destaca que el internamiento en un CIE “es una consecuencia desproporcionada para una infracción administrativa”. “Es lesivo de por sí, suponía una excepción que se ha convertido en la norma general”.