Canal de Isabel II valorará la posibilidad de acabar con su actividad fuera de la comunidad autónoma de Madrid, lo que implicaría además de desprenderse de sus 25 empresas en Latinoamérica, dejar de operar en Lanzarote y en Cáceres.

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, en un desayuno informativo celebrado este miércoles, jornada en la que se celebró la primera Junta general de accionistas tras destaparse la trama Lezo, por supuestas irregularidades en la compañía.

En el encuentro, el presidente del Canal de Isabel II fue cuestionado por la actividad de la empresa dentro de España pero fuera de Madrid. Garrido afirmó que se va a evaluar "la posibilidad de venta" de las empresas, según informa Europa Press. Así, se consultará con un asesor que les aporte un escenario de la posible venta de la actividad Lanzarote y Cáceres, explicó.

Canal de Isabel II es propietaria al cien por cien de la empresa Canal Gestión Lanzarote. Precisamente este mes de junio se cumplieron cuatro años de la firma del contrato entre el Consorcio del Agua, formado por el Cabildo y los ayuntamientos, y Canal para la explotación del abastecimiento y depuración en la Isla.

Canal Gestión se comprometió a destinar 106 millones para hacerse con la concesión del agua en Lanzarote, de los cuales 54 millones irían para inversiones y el resto para un canon inicial. Con la concesión del ciclo integral del agua se acordó saldar la deuda que mantenía la empresa pública Inalsa, dependiente del Consorcio del Agua, con sus acreedores.

Desde la dirección de Canal de Isabel II esperan contar en el plazo de un año con un análisis preciso para acometer el “proceso de venta” de sus empresas filiales.

Decisión en Madrid

En la Asamblea de Madrid, Podemos y PSOE han pedido que se disuelva Canal Gestión y que el control pase a manos de la comunidad autónoma de forma directa. Otra consecuencia es que el Canal se someterá a la Ley de transparencia de la Comunidad de Madrid y sus filiales, como la de Lanzarote, se someterán al Código ético y de buen gobierno elaborado y aprobado por la empresa pública.

Ya el pasado 11 de mayo se celebró un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid sobre Canal de Isabel II. Tras el pleno, los cuatro grupos con representación (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) plantearon propuestas de resolución, que se votaron y se aprobaron todas.

Una de las propuestas de los populares, en la que se solicita la desinversión en las filiales extranjeras en un proceso “ordenado, transparente y que asegure los intereses de los madrileños”, incluía también que se proceda a un “análisis y reflexión sobre la presencia del Canal de Isabel II fuera de la Comunidad de Madrid”, lo que afectaría al agua a Lanzarote, como han venido a confirmar las declaraciones de este miércoles del presidente de la compañía.

Ciudadanos, socio del PP en Madrid, presentó una resolución en la que propone “la desinversión gradual por parte del Canal de Isabel II de las sociedades fuera del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid”.