El fiscal Ignacio Stampa concretó el jueves por la tarde la solicitud de condena para el propietario de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, para quien solicita un año y seis meses de prisión, así como una inhabilitación de siete años. Tal y como señaló al inicio del juicio, el fiscal modificó la acusación para el empresario y tras la celebración de la vista oral le considera responsable de un delito de tráfico de influencias y de ser inductor de una prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de actividad de las instalaciones.

Por su parte, el abogado del dueño de la bodega, José Antonio Choclán, solicitó este jueves la absolución del empresario e insistió en su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solo puede juzgar a Rosa por tráfico de influencias, al ser el delito que se citaba en el auto de apertura de juicio, un delito que además considera prescrito. Este viernes, junto al resto de defensas, presentará sus conclusiones.

Para el fiscal, que Rosa “ha sido inductor” de la presunta prevaricación en la concesión de la licencia de actividad de la bodega, a pesar de que las instalaciones construidas tenían más volumen construido que el autorizado “es una obviedad”. En su opinión, el empresario logró una resolución del Ayuntamiento de Yaiza, la licencia de actividad en diciembre de 2008, cuando la inauguración se efectuó el mes de mayo anterior, que era “delictiva” y además “un beneficio económico”.

El fiscal también rebatió el argumento sostenido por las defensas y por algún perito en el juicio de “la ocurrencia brillante” de que la bodega Stratvs habría obtenido la licencia de actividad antes de la concesión por la Junta de gobierno municipal de diciembre de 2008 por silencio administrativo positivo. Un argumento, dijo, que no se ha esgrimido hasta la vista oral y que, en cualquier caso, no se ajustaría a la legalidad. “Nunca se puede obtener presuntamente”, por silencio administrativo, “nada que no se pueda obtener de forma expresa”, resaltó el fiscal citando a la jurista del Cabildo Joana Macías.

Stampa vinculó el interés del empresario por obtener la licencia de actividad para las instalaciones porque al estar abierta sin la autorización “no puede tener seguro de responsabilidad civil” ante cualquier incidente en el complejo Stratvs. “Se le da la licencia de actividad cuando la necesita realmente para sus negocios”, apostilló el fiscal.

Además, el fiscal ha destacado la “capacidad de influencia” del empresario sobre el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, sobre el exsecretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y sobre el exconcejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez. Del exalcalde y del exsecretario, el fiscal subrayó que en el caso Yate reconocieron haber prevaricado al conceder las licencias de otros proyectos empresariales de Rosa, como el puerto deportivo Marina Rubicón o los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou. Sobre Reyes, destacó que en 2003 dictó una paralización de las obras “pero es evidente que no se paralizaron” y en cuanto al exsecretario resaltó que “si se prevaricó” con la bodega Stratvs fue porque “o lo instó o lo permitió”, puesto que “sabía que en ese suelo no estaba permitida una bodega”.

Sobre Leonardo Rodríguez se refirió a las conversaciones telefónicas interceptadas y en como en una de ellas el empresario menciona la licencia de actividad “para legalizar aquello de una vez”. “Está pidiendo una ilegalidad y se lo está pidiendo al concejal de Urbanismo, con capacidad de influir en los demás”, recalcó el fiscal. “Cuando vota en la Junta de Gobierno lo hace porque quiere beneficiar a Rosa de forma arbitraria y haciendo de la norma su propio capricho”, añadió.

“Se cerró el negocio chico y se dejó el grande”

La Fiscalía también ha precisado en sus conclusiones los presuntos delitos que atribuye a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y al concejal José Antonio ‘Tato’ Rodríguez. A ambos les acusa de prevaricación urbanística por omisión o, de forma alternativa, por prevaricación medioambiental por omisión. El fiscal entiende que eludieron el cierre de las instalaciones, al no culminar los expedientes sancionadores, salvo en el caso del restaurante. “Se cerró el negocio chico, que era el restaurante, y se dejó el negocio grande, que eran la bodega y la tienda”.

Acuña se enfrenta a una petición de pena de tres años y 10 meses de prisión, así como a 18 años de inhabilitación, por la concesión de la licencia de actividad en la Junta de Gobierno municipal y por no haber culminado los expedientes sancionadores a Stratvs, mientras que Rodríguez se enfrenta a una petición de condena de dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación.

En 2013, antes de que se clausuraran todas las instalaciones por orden judicial, “tenían muchísimos datos para saber que la bodega estaba funcionando sin títulos habilitantes”, añadió el fiscal. “La licencia no podía haberse concedido en ningún momento porque era incompatible con el Plan Insular de Ordenación y la alcaldesa sabía que no podía darse licencia de obra ni de actividad”, apostilló.

“Todos intentan apartar del juicio a Rosa”

En sus conclusiones, el fiscal hizo hincapié en que “hay una estrategia común” de los 10 acusados, siete de los cuales no han querido contestar a las preguntas de la Fiscalía. “Todos intentan apartar del juicio a Juan Francisco Rosa, no quieren que esté aquí, no sé qué miedo tienen”, añadió el fiscal Stampa, quien calificó a la bodega Stratvs de “trampantojo”, porque “no es lo que parece”.

Para la Fiscalía, la bodega no solo es “presuntamente tóxica medioambientalmente”, por lo que continúa cerrada por orden judicial, sino que “es tóxica porque ha contaminado la objetividad de las administraciones” y “porque ha atacado a la igualdad entre los ciudadanos de Lanzarote”. 

Más detalles

PENAS. El fiscal solicita José Francisco Reyes un año y seis meses de prisión, y nueve años de inhabilitación. Para Leonardo Rodríguez un año y 10 meses de prisión, y nueve años de inhabilitación. Para los otros dos concejales que votaron la licencia de actividad, Evaristo Quintana y Juan Lorenzo Tavío, año y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación.

TÉCNICOS. Para Vicente Bartolomé Fuentes el fiscal pide un año y nueve meses de prisión, y nueve de inhabilitación. Para el técnico municipal y para el técnico del Cabildo de actividades clasificadas, la Fiscalía solicita una multa y la inhabilitación para cargo público relacionado con el presunto delito por tiempo de nueve años.

NEGRÍN. El abogado de la familia Negrín, que interviene como acusación al denunciar la usurpación de sus terrenos, aseguró en sus conclusiones que “Rosa no ha aportado en este procedimiento que es titular de ni un solo metro cuadrado” y agregó que, en el registro, “se ha escondido la bodega en otra parcela” cercana.