La jornada de mañana de este jueves en el juicio del caso Stratvs fue la del turno de los peritos. Tanto la Fiscalía como las defensas habían renunciado a una gran cantidad de ellos. La primera en declarar fue Elisa Perdomo, técnico de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), que señaló que para poder conceder licencia de actividad hay que comprobar en primer lugar si se ajusta al planeamiento. Este es un uno de los asuntos clave, si se podía o no se podía conceder la licencia de actividad, independientemente de las circunstancias urbanísticas o del proyecto.

Perdomo dijo que en el suelo donde está la bodega, según el Plan Insular, que es por el que se rige el suelo rústico en el municipio de Yaiza, no se permitía esa construcción. "El edificio no puede estar en ese suelo", dijo.

También reveló que un técnico del Gobierno envió por mensajería el procedimiento de la bodega a una persona, que no era la interesada, en este caso Juan Francisco Rosa, que no era el que había hecho la solicitud para el proyecto. Perdomo también señaló que no puede existir silencio positivo si las obras van en contra de la normativa urbanística.

Luis Pascual, técnico de Medio Ambiente del Cabildo, dijo que la actividad de bodega era incompatible con el lugar donde se ubica y que es indisoluble la actividad del lugar donde se va a desarrollar.

Por su parte, Amada Fontes, arquitecto técnico del Cabildo, declaró que el técnico de actividades clasificadas del Cabildo, Manuel Spínola, imputado en el proceso, le pide que haga un informe urbanístico en el expediente de actividades clasificadas y en él señala que el emplazamiento es "no apto" aunque a continuación refleja que la bodega tiene una autorización del Gobierno de Canarias de 1999.

Luis Pascual, técnico de Medio Ambiente del Cabildo.

La técnico de Salud Pública, Marta Betancort, señaló que con su informe no autorizaba favorablemente a que se conceda la licencia de actividad, y dijo que había una autorización provisional de vertidos pero que el informe sanitario sigue siendo negativo.

También declaró la arquitecta municipal, Anabel Díaz, que hizo un informe en 2013 tras una visita de inspección a la bodega. El ex director de la Oficina del PIO, Leopoldo Díaz, afirmó que el PIO contemplaba excepcionalidades para proyectos en suelo rústico pero debían ser proyectos de interés público y que no se pudieran desarrollar en otro tipo de suelo.

La catedrática de Derecho administrativo, Blanca Lozano, declaró a petición de la defensa de Rosa y dijo que como el Plan Insular no se ha adaptado a las determinaciones medioambientales ha perdido vigencia en cuanto a la ordenación de los recursos naturales, por lo que el PIO "no cumple sus funciones de ordenación de los recursos naturales". Según ella el Plan Especial de La Geria aún está vigente y Stratvs no es incompatible con la norma.