"Los agentes de la Guardia Civil utilizan a don Carlos Espino para obtener una grabación para incorporarla a un atestado, sin comunicar nada al Juzgado de guardia pues, sin duda, se iba a quebrantar el derecho a la intimidad de dos personas. Es evidente que tanto la conversación como la grabación de la misma se provocó, y ello la inhabilita como prueba en este proceso". Esta es una de las conclusiones del juez Alba sobre las cuestiones previas de la pieza original del caso Unión, la del intento de soborno a Carlos Espino (PSOE), exconsejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote.

Para el juez Salvador Alba, no hay infracción contra el secreto de las comunicaciones pero sí contra la intimidad. El juez considera que la primera de las grabaciones de las reuniones entre el empresario Fernando Becerra y el político socialista no tiene validez porque atenta contra la intimidad de Becerra e incluso de Luis Lleó, el principal acusado, al que se mencionó en la conversación. También considera nulas la otras cuatro, pero por otros motivos.

Becerra, tal y como ha declarado en dos ocasiones él mismo en el Juzgado, era el intermediario de Luis Lleó para convencer a Espino, mediante una comisión de 600.000 euros, de que desbloqueara la situación urbanística de una parcela en Playa Blanca (Yaiza) donde quería construir mil viviendas. Después del ofrecimiento, Espino acudió a la Guardia Civil y, el día anterior a la siguiente reunión, en junio de 2008, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado facilitó a Espino una grabadora para registrar ese intento de soborno. No obstante, según el juez Alba, "no sólo no existía una investigación judicial de supuestos hechos delictivos , sino que ni siquiera existía una investigación policial".

Espino, "intermediario" de la Guardia Civil

Alba considera que Becerra, que había aceptado reunirse con Espino en el despacho de éste, tenía "una expectativa de intimidad". La grabación de las propias conversaciones con otra persona es legal, pero Alba considera que este no es el caso, porque Espino era un "un evidente intermediario" de la Guardia Civil. "La intervención de las Fuerzas de seguridad al proporcionar la grabadora para que se grabara la reunión o conversación a los efectos de acreditar la comisión de un delito, convierte esa grabación en ilícita por vulneración de derechos fundamentales", dice el auto.

Los argumentos para considerar nula la grabación, según el juez, son que ni fue autorizada por resolución judicial y se llevó a cabo "de forma preordenada a la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer", así como que se hizo "de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea". "El señor Espino utilizó una grabadora oculta facultada por la Guardia Civil , lo que es igual que la Guardia Civil oculte en el despacho del señor Espino dicho dispositivo y obtuviera la grabación, sin autorización judicial ni conocimiento judicial de dicha limitación de derechos fundamentales", añade.

"Privacidad" para el sobornador

Sobre Becerra, que acudía a la reunión dispuesto a ofrecer un soborno a un cargo público, dice que para él, "igual que para cualquier otro ciudadano, existe una expectativa razonable de privacidad y un poder de exclusión, es decir, el derecho a que sus manifestaciones no sean difundidas o captadas por cualquier medio por su interlocutor con la finalidad de hacerlas llegar a la policía. No en vano, la difusión de una conversación privada, captada de manera subrepticia será constitutiva de delito".

Es Becerra quien solicita la reunión y también quien inicia la conversación con Espino sobre los problemas de la parcela de Lleó en Playa Blanca. Sin embargo, Alba considera que "se trataba de una conversación preparada , y de una grabación preparada". "El señor Espino -dice el auto- sabía qué iba a grabar y lo grabó. Es decir, se trataba de una grabación preordenada a la investigación de un delito, para nada espontánea, sino confeccionada ad hoc". "Se trata de una grabación propiciada por la policía, para obtener una prueba de un delito, un reconocimiento de un delito de soborno o cohecho. El señor Espino sabía qué es lo que buscaba en esa reunión o conversación, de hecho iba preparado para grabarla, y lo obtuvo", dice Alba.

Los "derechos fundamentales" de Lleó

La visión sobre Espino, que era el denunciante y la víctima del delito, contrasta con la que tiene sobre Becerra, que es el autor confeso del soborno: "Quien no sabía nada de la grabación ni de lo que buscaba el señor Espino, ni siquiera tenía ni idea de haber sido denunciado por éste, era don Fernando Becerra, quien realizaba manifestaciones espontáneas, amparadas desde luego, como dijimos por su poder de exclusión, o por su expectativa razonable de privacidad. De hecho, don Carlos Espino rechazó reunirse en una cafetería o lugar público, lo que sin duda llevaría a don Fernando Becerra a entender preservada la intimidad en su conversación. Es evidente que don Fernando Becerra se hubiera conducido en sus manifestaciones de manera bien distinta de saber, si quiera, que don Carlos Espino ya había acudido días antes a dependencias de la Policía donde le habían facilitado una grabadora con la que inmortalizar el encuentro".

Finalmente, el magistrado sostiene que la grabación no sólo vulnera los derechos de Becerra sino también los de Lleó, que no participó en la conversación. Señala que "al aparecer en dicha grabación el nombre del acusado don Luis Lleó, sus derechos fundamentales se han visto afectados por dicha grabación, porque si Fernando Becerra tenía una expectativa razonable de privacidad, desde luego lo que no puede un tercero que ni acude a la reunión es pensar que la misma se va a grabar, que su nombre va a salir a la luz , y ello por las manifestaciones de don Carlos Espino o don Fernando Becerra, sin más indicio de su implicación que la propia grabación".