El detonante del cierre cautelar por la jueza han sido los indicios de un “delito ecológico” en el espacio natural protegido de La Geria por la posible contaminación provocada por las aguas residuales de la bodega.

En un informe de la Guardia Civil, del pasado 11 de diciembre se destaca que “la limpieza” y “el mantenimiento” de las fosas sépticas es “muy deficiente” y que “no existe depuradora de aguas residuales”, ni “red de saneamiento diferenciada” y tampoco “respiraderos”, aspecto “sensible” puesto que, subrayan los agentes, “los gases orgánicos que se producen en las fosas sépticas son inflamables” y las tapas de todas las arquetas “estaban selladas”.

Los agentes de la Guardia Civil recalcan que “no se aportan autorizaciones ni proyectos con finalización de obra” de las fosas sépticas y resaltan que “la normativa es clara a este respecto y muy restrictiva con este tipo de instalaciones que sólo pueden ser autorizadas por el Consejo Insular de Aguas en casos excepcionales”. Destacan que, según la normativa, “es obligación la instalación de depuradora”.

El promotor de la bodega pidió permiso en 2008 para instalar una depuradora pero no ejecutó el proyecto y, a día de hoy, “no hay autorización alguna para los vertidos que se vienen efectuando y no consta que el Consejo Insular de Aguas haya mostrado la más mínima preocupación al respecto, al no constar controles, inspecciones o actuación alguna”.