De 25 años de prisión que le pedía la Fiscalía en marzo de 2013, cuando concluyó la instrucción el caso Yate, a seis años de cárcel, la devolución de 300.000 euros que efectuó antes del juicio y una multa de 152.000 euros. Ese es el balance de la confesión del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que este lunes reconoció los hechos y aceptó las penas. Cuando la magistrada Pilar Parejo, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia le preguntó si se conformaba, Reyes se limitó a decir: “Estoy conforme señoría, de acuerdo”.

A diferencia de otros acusados que aceptaron los hechos y las penas, y no tuvieron que intervenir más, el ex alcalde de Yaiza fue cuestionado por el entramado para ocultar sus bienes, como el barco ‘El Pachi’, puesto que los dos asesores fiscales acusados, los hermanos José Rafael y Benito Mesa Ferrer, tienen posturas distintas sobre su implicación.

José Rafael niega su participación en el blanqueo de capitales y en la creación de una trama empresarial para el ex alcalde de Yaiza, mientras que Benito ha aceptado los hechos y se ha conformado con una condena de cinco meses y quince días de prisión, similar a la impuesta a la esposa y los hijos de Reyes, además de una multa de 71.000 euros.

El ex alcalde de Yaiza señaló que compró el barco -con fondos obtenidos de manera ilícita del cobro de comisiones por licencias urbanísticas, como admite en su escrito de confesión- en el año 2004. Con posterioridad se creó la empresa Sea Sun Lanzarote, vinculada a su hijo, José Abel Reyes.

El ex alcalde dijo en el juicio que simplemente buscaron “una asesoría que llevara el papeleo”. También señaló que a José Rafael lo conocía “más de vista, porque andaba más en la calle”, pero que no contactó con él “para nada del barco”. De Benito indicó que entonces “no lo conocía”.

El acusado José Rafael Mesa define como “favor puntual” ceder una vivienda sin cobrar alquiler a una hija del entonces alcalde

Benito Mesa insistió en que no había participado “en ningún reunión para crear nada”, en referencia al entramado empresarial para ocultar los bienes del ex alcalde de Yaiza, pero concluyó que con su declaración no quería “perjudicar a nadie”.

Por el contrario, José Rafael Mesa, que se expone a una petición provisional de pena por parte de la Fiscalía de dos años y nueve meses de prisión por blanqueo de capitales, aseguró que hasta 2011 no participaba en la gestión de la asesoría fiscal a pesar de ser administrador solidario de la empresa. Sí reconoció que tenía “amistad” con el ex alcalde y que le hizo el “favor puntual” de dejarle una vivienda sin cobrarle alquiler a una de las hijas de Reyes.

En su declaración, José Rafael recalcó que la empresa vinculada con la familia Reyes para ocultar el barco la conoce “una vez empieza el procedimiento” judicial que ha culminado en el juicio del caso Yate y destacó que le “sorprendió” la acusación de su hermano sobre que éste debía conocer el origen ilícito del dinero del ex alcalde.