La Fiscalía se ha opuesto a la personación en el caso Montecarlo de la denominada ‘Asociación de juristas por la defensa de la legalidad y las garantías del proceso Jiménez de Asúa’ en calidad de acusación popular.

La asociación es conocida por haberse querellado contra el juez Pamparacuatro y haber intentado apartar a la juez Silvia Muñoz del caso Unión. La querella se archivó por el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial rechazó por “mala fe” la recusación.

El Ministerio Fiscal destaca que ‘Jiménez de Asúa’ carece de “interés legítimo” para personarse en Montecarlo, en el que se ha investigado la presunta “sustracción de fondos públicos” del Ayuntamiento de Arrecife. En concreto, la Fiscalía se opone a que este colectivo se persone en la pieza de Inelcon y Señalcon.

Así, destaca que la valoración del interés de la asociación se hace para descartar “personaciones por motivos espurios, fraudulentos o meramente dilatorios”. Además, añade que la documentación presentada por “la pretendida acusación popular” no se considera “suficiente” para acreditar la “verdadera existencia” de la asociación, ni su “identidad”, ni sus “fines”.

La fiscal Macarena Romaguera hace hincapié en el “carácter genérico” de la solicitud de ‘Jiménez de Asúa’, que dice que defiende el “interés público y la legalidad”, sin “mayor concreción”.

La documentación presentada por “la pretendida acusación popular” no se considera “suficiente” para acreditar la “verdadera existencia” de la asociación, ni su “identidad”, ni sus “fines”

La Fiscalía subraya que el “único objetivo” que argumenta la asociación “parece que es velar por la regularidad formal” del proceso, y “ni siquiera” promover “acciones penales contra quienes aparezcan como responsables de los delitos”, lo que “en buena lógica, debería ser la finalidad de una acusación”.

La causa está en fase de procedimiento abreviado, después de haber culminado la investigación. En su escrito de acusación, presentado en junio pasado, la Fiscalía estimaba que el importe fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife a ambas empresas ascendía, “sólo entre los años 2008 y 2012”, a más de 3,6 millones. De ese montante económico, por servicios directamente “no prestados”, se calcula que se pagaron como mínimo 841.000 euros.

En esta pieza del caso Montecarlo están investigados el interventor, Carlos Sáenz, recientemente inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso Proselan, en el que se acreditó un desfalco de más de 250.000 euros a las arcas municipales. La Fiscalía pide para Sáenz seis años de prisión, la misma pena para el empresario, Carlos Lemes, y cinco años y medio para el ex alcalde, José Montelongo, entre otros investigados.