El ritmo de la planificación del Archipiélago Chinijo lo está marcando la Justicia. Treinta años después de que, bajo la presidencia de Jerónimo Saavedra, se declarara Parque Natural por sus “altos valores naturales y paisajísticos”, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia que concluye que no sólo su Plan rector de uso y gestión es nulo, sino también que “no se encuentra vigente” y es “ineficaz la declaración misma del Parque”.

La resolución del TSJC no es firme y habrá que esperar a la decisión del Tribunal Supremo. Mientras tanto, la actualización normativa del Archipiélago Chinijo, que ha cambiado de manos, del Gobierno canario al Cabildo, se ha convertido en una urgencia. El último varapalo de la Justicia a la normativa del Archipiélago Chinijo, que engloba más de 9.100 hectáreas, no ha sido el primer revés: en 2009 el Tribunal Superior de Justicia anuló ciertas limitaciones establecidas en Alegranza, como la acampada en la mayor parte de la Isla o la prohibición de acceder entre abril y julio.

Ahora, el TSJC ha anulado todo el Plan rector de uso y gestión de Chinijo, que se aprobó en 2006, y da un paso más al poner en tela de juicio la vigencia del propio Parque Natural al faltar un “instrumento” clave: el Plan de ordenación de los recursos naturales, que debe evaluar de forma detallada “su estado de conservación” y su “previsible evolución”. La “eficacia y vigencia” del Parque Natural, añade el TSJC, se “recobraría con la aprobación” del “preceptivo” planeamiento de recursos naturales.

El TSJC anuló el Plan rector y considera que incluso la declaración de Parque Natural carece de vigencia

El consejero de Política Territorial, Marcos Bergaz, señala que la “hoja de ruta del Cabildo” pasa por contratar a la empresa Gesplan para que redacte el nuevo Plan rector del Archipiélago Chinijo, que deberá tener el contenido que exigen los tribunales, y aprobar el planeamiento que se comenzó a revisar en noviembre de 2014 por el Ejecutivo regional, en aquel momento con la intención principal de regularizar la oferta turística que existe en Caleta del Sebo.

A la espera del pronunciamiento del Supremo, Bergaz considera que “en principio está garantizada la protección del espacio y su categoría como Parque Natural”. El origen del pleito, la reclamación de la familia Jordán, propietaria de Alegranza, de que se les indemnice, sigue estando ahí: el TSJC ha señalado que puede formular la petición de forma “autónoma” o “frente al instrumento de ordenación del espacio natural que sustituya al anulado”. Los dueños han llegado a reclamar 63,2 millones de euros.

“Sería ideal poder adquirir” tanto Alegranza como Montaña Clara, el otro islote privado, “a un precio razonable”, sostiene Bergaz, “pero el Cabildo en solitario difícilmente podría”. De momento, aclara, no le consta que exista “una oferta real”. “En todo caso”, recalca el consejero, “el compromiso es conservar estos espacios vírgenes, sea a través de la adquisición o del establecimiento de un régimen de conservación y uso adecuado a su singularidad”.

“Un espacio que no debe vulgarizarse”

Sobre el uso de alojamiento turístico en el Archipiélago Chinijo se han puesto sobre la mesa diferentes alternativas. En la actualidad se consideran de uso residencial tanto Caleta del Sebo como Caleta de Famara, y de uso mixto, turístico y residencial, la urbanización Island Homes, conocida como Los Noruegos. El Gobierno canario planteó que Caleta de Famara siguiera siendo residencial, que Caleta del Sebo fuera “compatible” con el uso turístico y que Los Noruegos tuviera uso turístico.

El Supremo tendrá la última palabra si antes el Cabildo no es capaz de sacar adelante la ordenación

El Gobierno considera “un dato importante” que en Caleta del Sebo el parque de viviendas “haya crecido en los últimos 10 años de 320 a 500” edificaciones, aunque la población residente no haya aumentado prácticamente. Se calcula que cerca de la mitad “funciona como alojamiento turístico”.

El Ayuntamiento de Teguise ha reclamado en sus alegaciones que también en Caleta de Famara sea compatible el uso turístico. “La realidad es que en Famara, pero también en La Graciosa se desarrolla una actividad turística que incluye el alquiler de viviendas”, apunta Bergaz. “Evidentemente”, añade, “la normativa debe dar respuesta a este hecho bajo parámetros de calidad y control de la capacidad de carga para un espacio que no puede ni debe vulgarizarse”.

El reto de financiar la conservación

“Uno de los grandes asuntos a debatir”, indica Bergaz, es “la búsqueda de fuentes adicionales de financiación para la conservación y el mantenimiento del Archipiélago Chinijo”. El Cabildo dispone de siete personas dedicadas “exclusivamente” a la vigilancia.  Uno de los riesgos, opina el consejero, es que no se tenga en cuenta “la capacidad de carga real del espacio” en cuanto a “número de turistas, residentes y actividades que se desarrollan”, o rebajar “el grado de concienciación que requiere un espacio tan frágil”.

Uno de los aspectos que se deberá abordar en el debate del nuevo Plan es “la alternativa a la actual carretera” que discurre paralela a parte de la playa de Famara. Para el Gobierno interrumpe el transporte de sedimentos marinos y plantea rodarla más al sur. En cambio el Ayuntamiento entiende que la nueva vía también afectaría “a los corredores naturales de jable”, además de que dificultaría “enormemente” la práctica de actividades náuticas.

Bergaz destaca que “las dunas son uno de los elementos más característicos y de mayor valor paisajístico de la zona, por lo que su protección es fundamental” para preservar “la imagen de Famara”. “Con el nuevo PRUG”, subraya, “se valorará la alternativa planteada y otras posibles, para que lo que se prevea pueda ser una realidad”, bajo la “máxima” de “proteger los elementos que hacen de Famara un lugar inigualable”.