Las imágenes no engañan: la zodiac de Greenpeace fue brutalmente embestida por otra de la Armada.

Una de las claves del contrato social, cada vez más incumplido, es la reserva en favor del Estado del monopolio de la violencia. Para legitimar el uso por parte del Estado de la fuerza contra sus propios ciudadanos han de darse dos circunstancias imprescindibles: que sea necesaria para la defensa del bien común y que su uso sea proporcionado tanto con respecto a la intensidad de la agresión, como al valor del bien a defender.

Sin embargo, la violencia ejercida por la embarcación militar no guarda proporcionalidad alguna. No pretendía repeler una agresión y no corrían riesgo alguno la tripulación o el barco encargado de las prospecciones o el propio buque.

La acción ha sido más propia de un gorila de discoteca que de las fuerzas armadas de un país democrático. Ha sido la exhibición macarra de un matón. Un puro ejercicio de fuerza bruta que parece querer marcar el terreno sembrando el temor.

Esta salvaje exhibición de poderío no puede quedar impune. Deben exigirse responsabilidades, comenzando por el patrón de la embarcación, que demostró una total falta de sensibilidad con respecto a las consecuencias de su acción. No se trataba de un videojuego, no era un juego de guerra. Era lanzar una embarcación militar contra otra tripulada por civiles poniendo en riesgo sus vidas. Por supuesto, hay que determinar quién ordenó la acción, en qué términos y con qué límites.

Pero, y quizás es más importante, hay que reflexionar sobre la oportunidad de encargar este tipo de misiones a la Armada. Por definición, quienes integran las Fuerzas Armadas reciben entrenamiento de combate. Se supone que enfrente tienen a un enemigo.

Sin embargo, quienes tienen la misión de controlar el orden público han de ser conscientes de que enfrente tienen a un ciudadano que, en ocasiones como ésta, ni siquiera se trata de alguien que delinque, sino de un grupo de personas que manifiestan su legítima oposición a una decisión injusta.

Tal vez para este tipo de misiones se debiera recurrir a la Guardia Civil. Goza de medios suficientes y de una formación más adecuada en cuanto sus miembros están preparados para garantizar el orden público.

La brutal agresión protagonizada por nuestra Armada debe llegar al Parlamento, debe provocar un debate a fondo, más allá de recurrir ramplonamente a la abnegación y el espíritu de sacrificio de nuestras tropas y a la criminalización de los activistas.

Las mismas Fuerzas Armadas que se han ganado nuestro respeto por sus intervenciones humanitarias no pueden dejar sin consecuencias esta intervención brutal y despreciable.