La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 está sacando a relucir lo mejor de muchos de nosotros, como la generosidad o la solidaridad, pero también está sacando los colores a nuestra sociedad en algunas materias, como la gestión de los derechos de nuestros mayores. Creo que podemos coincidir en que es muy mejorable la manera como pasa sus últimos años de vida la generación de la posguerra española, padres y abuelos cuyo esfuerzo contribuyó a edificar un país próspero y moderno y nos ha legado una vida mucho mejor a sus descendientes, a nosotros. Una generación que, no debemos olvidarlo, en la crisis de 2008 puso a disposición de la ciudadanía su experiencia, su tiempo y sus pensiones para ayudar a sobrepasarla sin pedir nada a cambio.

Con honrosas excepciones, está en cuestión el modelo asistencial que acoge a nuestros mayores, como ha puesto de manifiesto la pandemia. En muchos casos, estas residencias son gestionadas por inversores privados porque han visto que son oportunidades de negocio, valores seguros y al alza, con baja morosidad y con expectativas de futuro debido al creciente envejecimiento de la población. Es triste decirlo, pero es así de claro: en buena medida nuestros padres y abuelos se están viendo reducidos a meras oportunidades de negocio.

La esperanza media de vida en España está por encima de los 83 años, lo que nos convierte en el país más longevo de la Unión Europea, y entra dentro de lo probable que seamos los más longevos del mundo en un futuro próximo. Por este motivo, es prioritario mejorar la calidad de vida, la salud, la participación y la seguridad de las personas mayores, prestando especial atención al problema de la soledad no deseada de este colectivo, una situación esta que se combate con políticas públicas que favorezcan el envejecimiento activo de la población.

Pero, quizá sea la incapacidad para valerse por sí mismos el aspecto más preocupante del mundo de los mayores, ya que los convierte en seres frágiles y dependientes. En general, vivimos libres de incapacidad, pero, a medida que nos hacemos viejos, llega un momento en el que merma la calidad de vida y precisamos ser atendidos. Después de toda una vida de esfuerzo y de trabajo, lo que está fuera de toda discusión es que las personas mayores no pueden ser abandonas a su suerte, como si fueran trastos inservibles. Así, creo que es urgente transitar del paradigma tradicional que concibe a las personas mayores como simples beneficiarios de asistencia a considerarlos como sujetos de derechos en toda su plenitud. 

Por todo ello, pienso que el modelo residencial de la tercera edad debe ser reformado para que deje, a veces, de ser un aparcamiento de mayores y un mero negocio para algunos inversores, mientras que, en muchos casos, los usuarios sufren carencias porque ese modelo está muy precarizado. En este sentido, hay dos aspectos que me parecen prioritarios: un notable aumento de las plazas públicas y la mejora de los servicios asistenciales. Es decir, más estado del bienestar y más inversión pública, a la vez que tenemos que introducir mayores niveles de exigencia y mecanismos de control a la presencia de la iniciativa privada en la asistencia a los mayores.

Suscribo lo escrito por Salvador Giner cuando expone que una sociedad civilizada es una sociedad decente, y no creo que sea de civilizados ni de decentes convivir con las situaciones que se han evidenciado durante esta crisis sanitaria con nuestros mayores. No pierdo la esperanza de que se haga realidad la respuesta atribuida a Gandhi cuando le preguntaron: ¿Qué piensa de la civilización occidental?, a lo que contestó: Creo que sería una excelente idea.

* Senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa