A menos de un año de la próxima cita con las urnas, las autonómicas de mayo de 2015, el ministro Montoro se ha sacado de la chistera una reforma fiscal que no merece tal nombre. Desde Nueva Canarias hemos reivindicado una profunda reforma fiscal en España y en la comunidad canaria. Los distintos estudios demuestran que nuestro actual sistema recauda mucho menos que los de los países de nuestro entorno y es, además, poco equitativo y poco progresivo.

Una reforma fiscal debe lograr que pague todo el mundo y que el mayor peso de los ingresos públicos recaiga sobre los impuestos directos, en función de la riqueza, y que se atemperen o disminuyan los indirectos, que pagan por igual ricos y pobres. Así como la persecución del fraude fiscal y de los paraísos fiscales.

Desde Nueva Canarias hemos planteado, además, propuestas novedosas para Canarias, como la tasa turística por estancia, dirigida a favorecer la inversión en la renovación de las ciudades turísticas, mejorando su competitividad y generando empleo. Una tasa que se viene aplicando con éxito en distintos países y ciudades.

Considero que la anunciada reforma fiscal del Gobierno de Rajoy no cubre ninguno de esos objetivos esenciales, convirtiéndose en una pura operación de maquillaje electoralista. No es justa ni progresiva y, además, perderemos muchos recursos públicos, empeorando el funcionamiento de los servicios esenciales y generando más desigualdad.

Recaudación y recortes

La pseudoreforma, como decía, hará perder recaudación a las administraciones públicas. Algo que se podría haber evitado bajando los impuestos a los trabajadores y las clases medias pero compensando la medida con una subida a las rentas del capital y del patrimonio o introduciendo algunos nuevos impuestos medioambientales.

El recorte en la recaudación de ingresos se elevará a unos 9.000 millones de euros entre 2015 y 2016. En nuestro caso, sólo en el tramo canario del IRPF supondrá una pérdida de 120 millones de euros anuales. A ello hay que añadir lo que dejaremos de ingresar del conjunto del presupuesto estatal, cuyo techo de gasto se reduce un 3,2%, y que también dañará las arcas públicas canarias.

Esta menor recaudación llevará a nuevos recortes en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales que sufrirán especialmente los trabajadores y las clases medias, así como los desempleados y el significativo porcentaje de personas en situación de pobreza.

A la reducción de ingresos citada se suman, en el caso canario, los 800 millones de euros anuales menos en financiación autonómica respecto a la media de las comunidades de régimen común. En el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montoro decidió retrasar la reforma del modelo de financiación por razones claramente electoralistas.

Pero también Canarias se ve perjudicada por el techo de déficit establecido, pasando del 1% al 0,7%, del PIB de las Islas. Con el duro precedente de los ejercicios de 2012 y 2013, cuando el Ejecutivo canario dejó de gastar unos 240 millones de euros que hubiesen contribuido a paliar los efectos de los recortes.

En definitiva, en el próximo período nos encontramos ante un escenario de más ajustes y más recortes.

La presunta reforma beneficiará, una vez más, a las rentas medias y altas y a las grandes empresas, que verán reducido el impuesto de sociedades. La mayoría de las familias continuarán teniendo las mismas dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Impidiendo el aumento del consumo y, por tanto, obstaculizando el crecimiento económico y del empleo.

Educación y Sanidad

Igual sucede con las administraciones públicas abocadas, por las actuales políticas, a disponer de menos ingresos, menos empleos y, por tanto, a una mayor destrucción de lo que queda del Estado del Bienestar. En los últimos cuatro años, en el Estado español se han perdido cerca de 60.000 puestos de trabajo (la mayoría fijos) de personal médico y de enfermería, así como docentes. En Canarias, la sanidad y la educación pública cuentan, también, con miles de profesionales menos que al comienzo de la crisis. Esta hemorragia continuará con estas políticas económicas y fiscales.

Los estados que mejor funcionan, los del norte de Europa, tienen mayor presión fiscal pero justamente distribuida y con mínimos niveles de fraude. Logran una mejor distribución de la riqueza, una mayor equidad, así como servicios públicos más potentes y mayores niveles de empleo; por un camino bien distinto al del Gobierno español que, en su línea de desprecio de lo público, encima, vende nuestros aeropuertos.

Hay que insistir en la necesidad de una verdadera reforma fiscal que conforme un modelo progresivo y justo, donde aporten más las rentas más altas y las del capital, y no las clases medias y a las rentas del trabajo.  Así como en la implementación de políticas económicas orientadas a reducir el desempleo, la pobreza y los abismos sociales, para lo que es también esencial acabar con la actual e intencionada degradación de lo público.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.