Los productores del sector vitivinícola se enfrentan a una situación crítica. En este caso no es la crisis económica generalizada la que lo ha generado. Peor aún.

El origen se encuentra en la desidia e irresponsabilidad que ejerce el actual Gobierno de Canarias, o mejor expresado, sus dirigentes políticos y más concretamente de la Consejería de Agricultura, que dirige Juan Ramón Hernández, que ha hecho gala de una dejación y abandono, durante tres años, de la actualización de los datos que se recogen en el Registro Vitícola de Canarias generando graves perjuicios económicos para el sector al dejar en suspense la realidad de los cultivos lanzaroteños y la imposibilidad de recibir, justamente, lo que les corresponde en concepto de subvenciones.

No lo dice la diputada regional que suscribe este artículo, lo dicen sus propios protagonistas a través de una carta remitida al consejero donde expresan que para su sorpresa el Registro Vitícola “tiene carácter secreto”, es decir, no puede siquiera ser consultado por los propios afectados.

Esto es gravísimo. Este Gobierno canario se jacta de hablar en el Parlamento de transparencia administrativa y luego, por otra parte, niega el acceso al Registro Vitícola a sus afectados. ¿Cómo se puede explicar esta situación cuando hasta la propia Constitución Española exige publicidad de los registros y archivos de la administración pública?

Es más, los propios Consejos Reguladores afirman que se trata de un registro “incompleto, sin actualizar y sin protocolo de actualización”. Y repito, es el propio sector quien lo dice. A ello denuncian que “el Gobierno de Canarias se está ahorrando casi un 15% de los ayudas, y solo en Lanzarote podría haber unos 150 viticultores perdiendo miles de euros de subvención”. Creemos que la situación sobrepasa los límites y que desde el punto de vista político y legal esta actuación tiene un responsable con nombre y apellidos.

Para situarnos, en el año 2012 se realizó una modificación del método para establecer el reparto de ayudas y subvenciones para este sector. Previamente, se realizaba con la información directa que recababa cada Consejo Regulador, en función de sus hectáreas de viñedo debidamente contrastadas con el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), único registro gráfico por imágenes vía satélite, enlazado al catastro que existe en Canarias y en toda Europa, que permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los productores agrarios, de cara a la concesión de cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada

En el 2014 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias determinó una orden donde señala que podrán ser beneficiarios de la ayuda por hectárea los viticultores cuyas superficies de cultivo estén inscritas en alguno de los Consejos Reguladores u órganos de gestión de las Denominaciones de Origen. Recoge además que para tener derecho a la ayuda, las parcelas deben estar inscritas en el Registro Vitícola y en el Consejo Regulador u órgano de gestión de la correspondiente Denominación de Origen, y que las solicitudes han de realizarse utilizando el sistema SIGPAC.

Por tanto, el Gobierno canario decidió tomar como referencia, además del SIGPAC, el llamado Registro Vitícola de Canarias; pero se da la circunstancia  que los datos del registro contienen innumerables discrepancias y a la hora de cruzar los datos se produce que la superficie de cultivo de algunos viticultores se ve alterada. Así lo han denunciado los productores de Lanzarote, pero la respuesta que han obtenido es la inacción política por parte de su máximo responsable en el Ejecutivo autonómico.

El Partido Popular ha dado traslado de esta denuncia al Parlamento de Canarias, contando con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. El consejero tiene ya la encomienda para solucionar esta duplicidad de datos. Ya no le quedan excusas.