No hay mejor incentivo para la ciudadanía, considerando el espacio público, que intervenir en él y hacerlo con acierto. De actuar así, ya hay una parte de la batalla ganada, aunque sepamos que no hay intervención, por muy certera que sea, que tenga el aplauso unánime de toda la población.

El Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado el arbolado de cuatro vías de la ciudad, así como las especies a plantar y el coste de las obras de arbolado. Si hacemos historia de la realidad arbórea de Arrecife, es cierto que ni es diversa ni la plantación ha sido una constante en el tiempo, desde aquellas primeras plantaciones de pinos marinos en la primera mitad del siglo XX, ni de la replantación, años después, de la misma variedad. Las crónicas periodísticas de esos años, dan cuenta de todo ello.

En los últimos años no es que la cosa haya sido para tirar cohetes, lo cual resulta más sorprendente por cuanto este tipo de actuaciones se muestra como una de las más efectivas medidas de mejora de la calidad del espacio urbano, y sirva como ejemplo la creación de la rambla medular pensada con acierto muchas décadas antes de que fueran acometidas. Curiosamente, en algún momento se llegó a calificar esta intervención como elemento de separación de la ciudad, como frontera, en lugar de ver en ella un elemento de vertebración al que sumar líneas verdes que, a partir de la rambla, acaben por compactar visualmente toda la ciudad.

En Arrecife, aquel objetivo reverdecedor resulta más perentorio por la necesidad de sombra, asunto al que podemos incorporar nuevos valores, tales como el recreo visual, la transformación de las calles, la disminución de la temperatura bajo sus copas, la belleza, la limpieza del aire o la homogeneidad visual de las vías que han sufrido transformaciones desiguales, fruto del retranqueo de sus fachadas, o por el establecimiento de diferentes líneas de cornisa que propician los distintos planeamientos.

Resulta curioso que, de todos los alcaldes de la democracia, no hayamos presenciado una pugna pública por erigirse cada uno de ellos en los mayores promotores del arbolado. Todo lo contrario, pues el día a día del gobierno de la ciudad ha podido más que la voluntad de revertir el aspecto y la calidad del espacio urbano. Han finalizado mandatos sin que muchos de esos alcaldes se hayan destacado por plantar árboles, no ya de forma masiva, sino ni tan siquiera algunas decenas.

Es de aplaudir la incitativa municipal del gobierno del PP-PSOE, pero es probable que a ninguno se le escape alguna cuestión estrechamente ligada a lo árboles en el espacio público, motivado por los condicionantes que, de forma excepcional, concurren en la ciudad. No se trata de que la voluntad política materialice o no sus deseos de plantar árboles, sino que de darse esta iniciativa, la misma va a ser objeto, de la fiscalización de “los técnicos municipales” y con ello, de la amenaza de que un informe negativo comprometerá al cargo público si no se hace lo que los técnicos dicen. Desde una valoración estrictamente jurídica sobre el papel de unos y otros, le diría al equipo de gobierno que tal amenaza en el contexto de plantar una u otra variedad de árboles, carece de recorrido alguno. Llegado a este punto, la referencia a “los técnicos”, que es la utilizada por nuestros representantes públicos, debería traducirse como “la técnico”.

Dando un paso más, es bien sabido que existe una técnico responsable del cumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato con CESPA-FERROVIAL, desde el 1 de octubre de 2016, empresa que gestiona el arbolado de la ciudad. Sacar a colación tal asunto estriba en la más que estrecha colaboración que parecen tener ambas partes, por cuanto no hay decisión que se tome en la ciudad sobre el arbolado que no pase por adoptarse por la amenaza de la técnico tras el cierre de filas con FERROVIAL. No se entiende que la administración pública quede sujeta a las condiciones que se imponen por parte de la empresa través de determinada técnico, y de esa perturbadora relación tenemos como herencia un modo de actuar que perjudica nuestro bienestar. Tal es así, que no duda en manifestar que “solicita informes a la concesionaria sobre la idoneidad de determinadas propuestas de arbolado”. La decisión de la empresa, refrendada por la técnico, de que no haya más árboles que plantar que las scheffleras o los flamboyanes, allá donde haya un agujero vacío y en agujeros por hacer, nos está condicionando la ciudad, pues la primera de las especies, allá donde se ha plantado no se muestra como la solución idónea, tanto por el desarrollo de su copa como por su sensibilidad a determinadas plagas. Lo que debemos interpretar de la adopción de tal elección, es la conveniencia de la empresa que sabe que deberá atender todo lo que se plante, y le viene bien que tenga el mínimo mantenimiento porque supone un ahorro en términos económicos y de personal. Una de los aspectos destacados sobre la especie mencionada en cualquier manual de árboles es la de que no demanda poda. Por tanto, esta aspiración de que la ciudad sea un jardín, que tendría que ver con que los árboles aporten determinadas cualidades, ya sea por su forma o su floración queda en segundo plano ante el chantaje que se realiza. En el caso de los flamboyanes, es sabido que no son propias para bordes de acera por el daño que el desarrollo de las raíces hacen en la calzada, las cuales son sistemáticamente cortadas, provocando riesgos de pérdida de estabilidad por el peso de las copas. El desarrollo de estas es sobradamente conocido, por la foma de sombrilla, por lo que ya podemos adelantar sus efectos sobre las fachadas si se plantan proximos a ellas, como se ha hecho recientemente en El Reducto.

La alcadesa no debería permitir tal modo de actuar, sino apelar a un juicio de profesionalidad, conocimiento e independencia que otorgue forma a una voluntad política de transformación del espacio urbano. Interpreto que los técnicos tienen un papel asesor y de vigilancia sobre cuándo una decisión política tiene visos de ilegalidad o de incumplimiento de determinados procedimientos, pero, no dándose ese tipo de situaciones, si su papel está en defender el interés de una empresa privada, podemos afirmar que se está actuando de forma corrupta. Ignoro cuántos requerimientos ha hecho la técnico a la empresa concesionaria para que trate las palmeras urbanas que siguen muriendo sin atención. Puede que hayan pactado ignorar tan incómodo asunto: ni la empresa lo hace ni la técnico se lo recuerda.

Debiera el equipo de gobierno evitar que la técnico marina se gobierne sola, y tarda en ponerla a vigilar los sebadales. Lo siguiente sería ordenar que la vigilancia del contrato con la empresa lo haga, no una, sino dos personas que velen por el interés general y por el uso de los recursos públicos de la manera más eficaz. La empresa que pagamos todos ya cobra lo que no está escrito como para que pretenda obtener más beneficios con decisiones que le convienen a ellos, no las que demanda el espacio público, hurtándonos la aspiración a la mejor ciudad posible, y los árboles contribuirán a ello contemplando que se elijan bien. No hay más.