Comparto que Canarias necesita una nueva Ley del Territorio que corrija la maraña normativa actual, consecuencia de sucesivas leyes y modificaciones aprobadas los últimos años. Para ello se ha puesto arriba de la mesa un proyecto de ley del suelo que ha generado muchas dudas, en parte por las prisas, en parte por los cambios propuestos.

Una materia siempre dada a posiciones encontradas y exageraciones, donde no extraña escuchar calificativos como el de especuladores o el de los del no en función de la opinión que se defienda, en una redición del buenos y malos habitual que dificulta el debate. Ni la buena política, ni el territorio se pueden permitir esta división, pues “la mayoría de la gente está en una posición más templada y con ganas de consenso”, como señaló recientemente la presidenta Susana Díaz y como necesitamos en este y otros asuntos.

Desde esta visión de la política, dos son los puntos que más controversia despierta del proyecto: la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y la asunción íntegra por las Entidades Locales de la aprobación de sus planes. Sobre ello, quisiera compartir una serie de reflexiones.

Una COTMAC reforzada para mejorar el control sobre los planes. El proyecto de Ley opta porque las Entidades Locales, Ayuntamientos y Cabildos, controlen y evalúen directamente la legalidad y sostenibilidad de los planes que elaboren, renunciando a que un tercero desarrolle la función que tradicionalmente ha desempeñado la COTMAC.

De esta manera, la Administración promotora del plan se encarga de verificar su encaje en el Ordenamiento jurídico y medioambiental, tal como si quien realiza un examen procediera a realizar su corrección, algo que no comparto. Puede defenderse que la COTMAC deba mejorar su funcionamiento, pero es distinto que renunciar a que ejerza el control a priori sobre los instrumentos de ordenación. La realidad nos señala que precisamente los controles previos son una de las cuestiones a potenciar, para evitar aprobar planes luego anulados por los Tribunales. Este riesgo sí genera inseguridad jurídica y, en consecuencia compromete las inversiones, por mucho que pueda ralentizar un tanto los procesos de tramitación.

Así ha venido ocurriendo en nuestro país donde en el año 2014 se plantearon ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo un total de 135 recursos dirigidos a anular instrumentos de ordenación, habiéndose invalidado un total de 108 [1]. Y por si quedaran dudas, otro dato: 7 de los 26 planes generales aprobados en Canarias desde 1999 han seguido la misma suerte, por lo que no sobran precisamente estos controles previos. Ahora bien, resulta obvio que hay que mejorar la COTMAC: dotarla de más recursos y agilidad para fiscalizar mejor, pero también para que proporcione cierta homogeneidad al planeamiento, equilibrando la visión más local con la aportación de un órgano regional que supere el riesgo de los reinos de taifas o los mojones municipales e insulares de antaño.

Corresponsabilidad en la aprobación del planeamiento, la preferencia por una mirada compartida sobre el territorio. Apuesta el proyecto por asignar a los Municipios o Cabildos la competencia plena para aprobar sus planes, donde antes también decidía la Comunidad Autónoma, a través del tradicional procedimiento bifásico.

Ahora dicen que Ayuntamientos y Cabildos son mayores de edad y ellos solos se bastan. Evidentemente, son mayorcitos; pero en determinadas decisiones mejor la corresponsabilidad, los equilibrios que permiten las decisiones compartidas que no la decisión única de una determinada Administración.

La aprobación de un planeamiento es la decisión más importante y de mayor recorrido de una entidad local, no equiparable ni a la aprobación de un presupuesto anual, ni de una ordenanza, por favor. Sus repercusiones urbanísticas, económicas, medioambientales o de movilidad exceden con creces cualquier otra decisión y se extenderán un largo plazo de tiempo.

Ante su trascendencia, parece conveniente la participación de una Administración más alejada de los intereses en juego. ¿Significa esto desconfiar en las Entidades Locales y sus técnicos? Ni mucho menos, es la simple constatación de una realidad. La cercanía, el llamado principio de subsidiariedad, en determinadas materias alberga una serie de riesgos que recomiendan la intervención de otras Administraciones para corregirlos, en una extensión de la tesis anglosajona conocida como "checks and balances" o juego de equilibrios y controles que unos poderes ejercen sobre otros.

Podría pensarse, por ejemplo, que en una materia como la disciplina urbanística es la Administración más próxima a los ciudadanos la más eficaz. ¿Quién mejor que el ayuntamiento para denunciar las infracciones urbanísticas? Pues bien, la memoria de 2013 de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la provincia de Las Palmas manifiesta todo lo contrario, “ni un solo municipio llevó a la fiscalía un caso de urbanismo”, poniendo de relieve las “dificultades” para que la administración más cercana actúe en estos casos.

Es más, así parecen entenderlo la mayoría de Comunidades Autónomas de nuestro país, que optan por la corresponsabilidad, siendo tan sólo cuatro de diecisiete, en concreto La Rioja, País Vasco, Galicia y Baleares, las que dejan exclusivamente en manos de los Ayuntamientos la aprobación del planeamiento, excluyendo además a los de menor tamaño.

Pero es que además, en los últimos años, muchos de los Ayuntamientos canarios han renunciado a liderar la aprobación de sus planes solicitando al Gobierno regional que lo hiciera a través de la figura de los planes supletorios. Municipios como Arrecife, San Bartolomé, Tinajo o Yaiza bien lo saben. ¿Qué ha cambiado para que ahora las Entidades Locales se enfrenten en solitario a la aprobación de sus planes? Al menos una explicación convincente se hace oportuna.

Sobre estas cuestiones, las del control previo, la corresponsabilidad o el papel de la COTMAC el PSOE ha tenido claro su posicionamiento siempre, como demuestra el apoyo a la Ley de Ordenación del Territorio de 1999, a las Directrices de 2003 o el rechazo a la recurrente idea de otras fuerzas políticas de suprimir la COTMAC. Una posición que, con seguridad, seguirá presente en el debate parlamentario del polémico proyecto de ley del suelo.

* Consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote

[1] Revista práctica urbanística ejemplar número 141, julio 2016. Artículo “Una imprevista disfunción del sistema urbanístico: la mortalidad judicial de los planes”. Juan Alfonso Santamaría Pastor.