Ahora que las elecciones ya han acabado y la resaca electoral se va atenuando, quizás sea el momento de hacer una reflexión sobre uno de los elementos más llamativos de las campañas electorales, los debates.

La ciudadanía debe conocer las distintas ofertas que aspiran a obtener su confianza, la concreción de acciones en las distintas áreas de gobierno, posibles pactos y las personas encargadas de llevar a cabo estas políticas. La idea que exista confrontación, en formato debate, entre los distintos partidos, conocer sus ideas y propuestas, además de criticar la oferta del contrario y poner de relieves sus contradicciones o inclusos la imposibilidad de llevarlas a cabo, es un ejercicio democrático, ilustrativo y esclarecedor, al que tenemos derecho como sociedad.

En cada elección asistimos al patético espectáculo de formaciones políticas de diferentes signos que, creyéndose con ventaja en intención de voto, se niegan a debatir, porque piensan que el riesgo no les compensa. Frente a este desprecio al cuerpo electoral, solo cabe regular por ley la obligatoriedad de participación en estas confrontaciones. Sería una exigencia, previa a la contienda electoral, que deberían aceptar todas las fuerzas políticas, que concurrieran a los comicios, solo así se aseguraría este derecho a la ciudadanía. Todos los temas para debatir son importantes, los tocantes al bolsillo suscitan especial interés; por lo tanto, un debate específico sobre temas económicos resulta ineludible.

Pero hay que ir más allá, la objetividad siempre es imprescindible, máxime en este tipo de actos. Si una botella está a la mitad de su capacidad, unos la verán medio llena y otros medio vacía, según convenga a sus intereses. El hecho objetivo es que la botella está mediada, eso no se puede negar, aunque la interpretación partidista de este hecho sea subjetiva. Los datos, cifras oficiales (IPC, PIB, nivel de desempleo) o determinas posturas políticas adoptadas en el pasado, son tozudos, porque son contrastables; de ahí, su objetividad. No caigamos en el trumpismo de negar lo obvio.

No se debe permitir que, en debates que suscitan gran interés, se cuelen inexactitudes, datos falseados o directamente mentiras, destinadas a confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, no se pueden dar como ciertas determinadas cifras estadísticas, cuando existen datos incuestionables, que las refutan o que se votó en el parlamento una ley en un determinado sentido, cuando están el diario de sesiones y vídeos para desmentirlo. No cabe mentir sobre datos objetivos. Debe existir una especie de Comité Ético tras las cámaras, que después de debatir cada bloque temático, si ha existido algún tipo de controversia o falsedad en datos contrastables, lo ponga de relieve, simplemente dando el dato verdadero.

Los medios de comunicación tienen una clara responsabilidad social, no se puede competir por organizar un debate y después permitir que en él se viertan falsedades, claramente rebatibles tan solo con el material de sus propios servicios informativos. La ciudadanía, objetivo principal de la confrontación, tiene todo el derecho a esta información de modo objetivo e imparcial.