La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, declaró el pasado 5 de mayo la nulidad del decreto del año 2012 por el que se otorgaba licencia a la central eléctrica de Unelco-Endesa en Punta Grande para instalar dos grupos diésel, los grupos 9 y 10, de 18.000 kilovatios cada uno, y sus correspondientes equipos auxiliares.

Con ese decreto, comunicado a la empresa y al Juzgado, el Ayuntamiento da por ejecutada la sentencia que obligaba a anular esa licencia, del año 2018, aunque en la práctica los grupos seguirán funcionando.

La sentencia es producto de un recurso, uno más, de la Asociación Las Caletas para la Defensa del Medio Ambiente (Acapam), una asociación de vecinos que tiene a la central como un vecino más y que pleitea desde hace 17 años contra ella, sus ruidos, sus humos, sus vibraciones y sus ampliaciones.

La Justicia les ha dado la razón en la mayoría de las ocasiones, pero la mejoría en su calidad de vida no se ha notado mucho. Los efectos prácticos de las sentencias se han ido diluyendo al pasar de las dos dimensiones del papel a las tres del terreno.

En la sentencia que ahora asume el Ayuntamiento, que sigue estando defendido por el exsecretario Felipe Fernández Camero, la asociación alegaba que la licencia otorgada no se ajustaba a Derecho porque la autorización ambiental con la que cuenta la central es nula, y porque la ampliación no se ajusta ni al Plan Insular ni al Plan General.

No es la primera vez que la Justicia anula una licencia e incluso que anula la autorización ambiental. Pero no es este el caso de que ocurran ambas cosas. En esta ocasión, el Juzgado consideraba que la licencia de instalación de actividad clasificada ya estaba implícita en la resolución de autorización ambiental integrada y que consta concedida dicha autorización.

La propia sentencia se reconoce a sí misma como papel mojado. Dice que existe el derecho del recurrente a revisar la adecuación de la licencia a Derecho “sin perjuicio de la eficacia práctica que finalmente pudiera tener una eventual sentencia estimatoria, habida cuenta de que la central cuenta con autorización ambiental integrada que da cobertura a la ampliación a que se refiere la licencia impugnada”.

La asociación solicitaba, no obstante, la nulidad de la autorización ambiental integrada que sirve de cobertura jurídica a esos grupos diésel. Y como las licencias, la autorización también fue anulada inicialmente, aunque después se ha ido actualizando para dar cobertura a lo que en principio era ilegal.

El Tribunal Supremo anuló primero la autorización ambiental de 2008. Se hizo otra en 2012, que aprobó el Gobierno de Canarias, y también se anuló porque era “una réplica de la anterior”. Y se volvió a actualizar en 2014. En ese caso, la asociación desistió del recurso y la autorización se hizo firme.

Los vecinos cada vez son menos y están más cansados de gastar sus ahorros

En todo este galimatías jurídico, lo único que queda claro es que en la pelea entre una asociación de vecinos y una multinacional como Unelco-Endesa, David puede ganar en los tribunales en apariencia, pero Goliat puede hacer que siempre haya una siguiente pelea.

Mientras que a los servicios jurídicos de la empresa no se les termina la energía, los vecinos cada vez son menos, están más agotados y más cansados de gastarse sus ahorros. De hecho, la última sentencia, de febrero de este año, de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, no es favorable a los vecinos.

No entra en el fondo del asunto, porque considera que hay una desviación procesal: que la defensa de la asociación recurre una de las actualizaciones de la autorización ambiental pero en su recurso se está refiriendo a otra, la que en su momento no recurrió. El Juzgado incluso les condena a pagar las costas procesales.

Larga batalla

Los vecinos vieron cómo crecía Punta Grande y cómo aumentaban los ruidos y la contaminación y pusieron varias denuncias. Entre sus victorias están la anulación de la primera autorización ambiental y de otra licencia para tres grupos diésel, los grupos 11, 12 y 13.

En resumen, todos los nuevos grupos incorporados se consideran ampliaciones y la central no puede ampliarse ya que no lo permite ni el Plan Insular ni el Plan General, que exige un Plan Especial para esa ampliación.

Mientras no ocurra eso, “sólo se permitirán obras de mantenimiento y mejora, sin que supongan cambios de uso, formales, ni de volumen”.

La Justicia les da la razón, pero la mejoría en su calidad de vida no se ha notado

Hace 25 años, el actual Plan Insular de Ordenación ya planteaba la necesidad de trasladar dicha central, igual que contemplaba esa posibilidad el Plan Territorial de Infraestructuras Energéticas, que no se llegó a aprobar nunca.

El Tribunal Supremo llegó a afirmar que anulaba la autorización ambiental integrada porque con ella “se pretende dar pinceladas de cobertura a una actuación ilegal e ilegalizable”.

E incluso hablaba de desviación de poder por parte del Gobierno de Canarias al aprobar esa autorización porque “con el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada se pretende dar cobertura legal a la continuidad de una actuación contraria a la norma, soslayando los problemas urbanísticos existentes, y que existían antes, con evaluaciones ambientales referidas a proyectos parciales y no a la totalidad, y existiendo pronunciamientos judiciales anteriores en los que se consideraron vulnerados los derechos fundamentales de los vecinos”.

El Gobierno, de todas formas, ha seguido actualizando la autorización, hasta en tres ocasiones, al menos. La que era objeto del último recurso se aprobó en 2015 y se modificó para adecuarse a la Directiva europea sobre emisiones industriales para incorporar la producción de cuatro categorías de residuos peligrosos y mejorar su segregación. Unelco-Endesa calificaba esa modificación como “no sustancial”.

Lo curioso del caso es que, después de 17 años anulando licencias y autorizaciones ambientales, que no podían aprobarse porque daban cobertura a una actuación ilegalizable, el resultado es que las ampliaciones siguen ahí y que la sentencia que ahora asume el Ayuntamiento concluye que “la central cuenta con autorización ambiental integrada que da cobertura a la ampliación a que se refiere la licencia impugnada”.

Niveles de ozono

Durante el año pasado, en Lanzarote, uno de cada cuatro días se superaron los niveles de ozono malo en la estación medidora de Las Caletas, donde se ubica la central eléctrica de Punta Grande, de Unelco Endesa. Un estudio de Ecologistas en Acción destaca que Lanzarote respira un aire perjudicial para la salud, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Además, las emisiones de CO2 a la atmósfera en la Isla se han triplicado en los últimos 25 años. A esto hay que sumar que la central supera el límite de emisiones permitido, que es de hasta 45 decibelios por la noche.