El Decreto 6/2015 de la Consejería de empleo, industria y comercio del Gobierno de Canarias por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el Archipiélago viene para ordenar el sector eólico pero puede ser muy perjudicial para los intereses públicos del Consorcio insular del agua, que tiene adjudicados tres parques.

“La principal novedad que se introduce respecto a los decretos anteriores consiste en la eliminación de los sistemas de concursos de asignación de potencia y la apuesta por el libre establecimiento (...) con la finalidad de asegurar la funcionalidad del proceso, la simplificación de los trámites y la seguridad jurídica de los promotores”.

Esto es lo que dice el decreto y eso se traduce en la práctica en que aquellos que han perdido el concurso (pero que lo ganaron en principio) tienen ventaja porque han estado tramitando los permisos antes que el Consorcio, sobre todo el estudio de impacto ambiental que es el trámite que más tarda.

Esas empresas son las grandes eléctricas, Unión Fenosa (propietaria de Alas Capital) y Unelco Endesa, que podrían instalar primero sus parques y esa posición les podría colocar de facto en una posición de ventaja ya que los parques posteriores podrían no ser rentables si no pudieran verter todo su potencial eléctrico a la red.

Según el ingeniero Jorge Morales, uno de los mayores expertos en energías renovables, “al no eliminar a los que no han ganado el concurso, en la práctica el negocio es para el primero que llegue”.

Además, las empresas que perdieron el concurso no tienen la obligación de entregar el nueve por ciento de sus beneficios al ayuntamiento en donde se instalen, con lo cual es otro punto a su favor.

El Cabildo y el Ministerio recurrirán el Decreto

El Cabildo de Lanzarote y el Ministerio de Industria recurrirán el Decreto del Gobierno de Canarias que elimina el concurso eólico. El Ministerio lo hará porque entiende que invade competencias estatales.

Por su parte, el Cabildo lo recurre porque considera que puede perjudicar los intereses del Consorcio del Agua al que se le adjudicó un total de 23,5 megavatios de potencia en tres parques eólicos que estarán en San Bartolomé, Teguise y Arrecife. El Gobierno considera que los recursos pueden frenar la inversión en renovables.