El abogado Luis Gómez Cantero abandonó la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y la Garantía del Proceso Jiménez de Asúa “a poco de constituirse”, según ha indicado a este periódico el interesado.

Su nombre aparece en el acta de constitución, firmada el 5 de julio de 2015, de ahí que Canarias Ahora haya vinculado a este letrado a la asociación en las informaciones relacionadas con ella que se han venido publicando tras conocerse su estrecha relación con personas implicadas en casos de corrupción, concretamente en la operación Unión.

Gómez Cantero no ha especificado los motivos concretos por los que abandonó la asociación a poco de constituirse, pero ha insinuado a este periódico que los fines que inspiraron a un grupo de abogados, reunidos alrededor de un almuerzo hace más de un año, no fueron los que luego empezó a apreciar en el comportamiento de sus compañeros de aventura.

Junto a él aparecen en el acta de constitución José Luis Benítez García y Juan Alberto Rubio Ortega, el primero en calidad de vocal/tesorero, y el segundo como presidente. Es Rubio Ortega el que más activo se muestra en los medios de comunicación y ante los tribunales de justicia en causas en las que la asociación se persona como acusación popular.

El balance de la Jiménez de Asúa hasta el momento no puede calificarse precisamente de exitoso. Ya acumula incluso una condena, una multa de 1.000 euros (más las costas judiciales) por actuar con “mala fe procesal” al intentar apartar a la última juez instructora del caso Unión. La justicia apreció que lo que intentaba la asociación era dilatar el procedimiento, lo que beneficiaría al principal encartado, el empresario Luis Lleó, alma mater de este colectivo de juristas.

Sus vínculos son de sobra conocidos en los juzgados de Lanzarote y ahora comienzan a conocerse en los de Las Palmas de Gran Canaria. Jiménez de Asúa ha tratado de personarse como acusación popular en la causa 9/2016 que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a raíz de la querella del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, contra la magistrada María Victoria Rosell, ex diputada de Podemos por Las Palmas.

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