La abogada Irma Ferrer, que ejerce la acusación popular en el caso Jable, en nombre de Transparencia Urbanística, quiso reconocer primero “el esfuerzo de la Justicia” en sacar adelante todas las piezas del caso Unión a pesar de las dificultades, los ataques sufridos y la falta de medios. “Es un mérito de nuestra democracia”. Dijo que es el reflejo de “unos años pornográficos de corrupción, con actos impúdicos y obscenos de exhibición.

La letrada de la acusación pidió que se valore no solo el saqueo sino también “el daño social a lo de todos”, por una actitud frívola como un bolso o un viaje. “Estos hechos que aquí se juzgan son el diez por ciento o la punta del iceberg de la corrupción en Lanzarote”. 

Sobre el pabellón de Argana, recordó que se adjudicaron el proyecto y la obra a la vez a pesar de que está prohibido y de que lo advirtió el Colegio de Arquitectos. “Se pagó para que se hiciera la vista gorda con las certificaciones de obra”,  afirmó, y el resultado es que el pabellón sigue cerrado porque hay graves deficiencias en su estructura y está en el barrio más pobre de Arrecife, donde los jóvenes no tienen infraestructuras para hacer deporte.

Ferrer dijo que el acusado Felipe Fernández Camero mintió “abiertamente” al asegurar que pidió una excedencia del Ayuntamiento cuando en realidad fue destituido como secretario municipal por una falta grave y otra muy grave, y que después Déniz lo contrató como asesor jurídico. “Tuvo que quedarse para controlar los daños”.

También habló en sus conclusiones del juicio, este miércoles, de “hechos lamentables” como que la exalcaldesa María Isabel Déniz pusiera a nombre de su hija, que entonces era menor de edad, facturas de una empresa para que no constasen en su contabilidad.

Además, se sorprendió de la “sensación de impunidad” que debía tener para aceptar el pago de un viaje de una empresa contratista del Ayuntamiento y llevar a sus hermanos y cuñados, en referencia a unas vacaciones en Marruecos que pagó Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la constructora que ejecutó el citado pabellón de Argana. “Asusta la frivolidad frente al daño real a las instituciones públicas”.

“Grave daño” al Ayuntamiento de Arrecife

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife, que ejerce la acusación particular, Alfredo Liñán, señaló que Urbaser no solo se benefició de la adjudicación del concurso de recogida de basura, presuntamente alterado a su favor a cambio de comisiones ilegales, sino también de las modificaciones al alza del canon, el famoso ius variandi.

Además, destacó que se concedió a dedo la construcción de dos naves dentro del contrato “con un grave daño”, porque la adjudicación fue ilegal, porque su precio de mercado era de 2,5 millones y costaron casi 10 millones, porque Urbaser  estaba obligada a tenerlas por contrato y porque se hipotecó al Ayuntamiento durante 25 años.

Respecto al pabellón de Argana, señaló que Arrecife no pagaba las certificaciones por la obra a la empresa FCC y que empezó a pagar después de que la alcaldesa hiciera el viaje a Marrakech, a cargo de la constructora. Además se les concedió una ampliación del contrato que compensaba la oferta a la baja que había hecho FCC para ganar el concurso.