La última es la sexta. En el podium insular de políticos condenados, José Francisco Reyes ya es medalla de plata en condenas judiciales, solo por debajo del casi insuperable Dimas Martín, no sólo por la cantidad sino por la variedad. Todas las condenas de Reyes lo son por otorgar licencias mientras que el exlíder del PIL atesora un abanico de delitos más variados.

La última condena, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, es de 19 meses de cárcel que tendrá que sumar a los seis años que ya está cumpliendo actualmente en Tahíche por el caso Yate, la mayor de sus condenas. Reyes también fue condenado por otorgar una licencia para reformar un restaurante en Yaiza en suelo rústico, por dar unas licencias a la sociedad Isla Playa Blanca, por la licencia de la casa del arquitecto Carlos Morales y por el primer juicio del caso Stratvs, que aún no es firme.

Las condenas a Reyes no son solo el castigo a unos errores o a un político corrupto. Son la demostración de, al menos, dos cosas más: que había un modelo, unos intereses económicos, una trama o una forma de hacer las cosas que se ha acabado desenmascarando y que, como suele ser habitual, la justicia llega hasta la marioneta pero no hasta quien la mueve.

En los mismos procedimientos que Reyes, y en otros, han acabado siendo condenados e inhabilitados, y han perdido su puesto de trabajo el que fue secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, ahora el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, o el aparejador Pablo Carrasco que llegó a admitir que había promotores que llegaban al Ayuntamiento “con la licencia en la mano” antes de haber informado sobre el proyecto. También está investigado el que ejercía como asesor jurídico del Consistorio y que era secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que además se sentará en el banquillo por el caso Unión.

Sin embargo, los que no han sido condenados son los presuntos corruptores, los empresarios que recibían esas licencias. Estuvieron investigados en el caso Yate y se archivó la causa para ellos, mientras que en los otros procedimientos ni siquiera estuvieron imputados.

En el ámbito político tampoco hubo más responsables: ni políticamente ni judicialmente. Reyes fue alcalde con Coalición Canaria y con el PNL y sin embargo parece que se hubiera presentado siempre como independiente o que tenía una gran capacidad de engaño. Y no fue así. Los argumentos para defender su política o sus acciones eran los mismos que manifestaban públicamente sus empresarios afines e idénticos que los de sus compañeros de partido.

Gobernó Yaiza a golpe de licencia ilegal cuando CC, con el reinventado Román Rodríguez, gobernaba Canarias y cuando su eterno compañero de partido, Juan Carlos Becerra, era consejero de Turismo de ese gobierno que acogió con regocijo el crecimiento de Playa Blanca en casi 10.000 plazas más a pesar de la Moratoria y que facilitó la llegada de más de treinta millones de euros en fondos europeos para ayuda al empleo.

El otro eterno compañero de partido, Pedro de Armas, recibió la licencia de la última de las condenas de Reyes, pero no tuvo que responder por ella. Los tres, Reyes, Becerra y De Armas, además de compañeros también era socios. Lo fueron en la sociedad Comcaype (Comunicaciones Caco y Pedro), que compró una radio y una revista y facturaba al propio Ayuntamiento de Yaiza.

El goteo de las condenas transformó la rotundidad en olvido y la arrogancia en ingenuidad. Ahora resulta que nadie conocía lo evidente, lo que Reyes ha acabado admitiendo en los juicios: que recibió dinero a cambio de las licencias, que ingresó en sus cuentas 630.000 euros en efectivo y que, si había informes en los expedientes, que no siempre había, no los leía.

En uno de los juicios, de los primeros, Reyes le contestó al fiscal que no leía los informes para otorgar las licencias porque confiaba en los técnicos y que aunque los leyera no los entendería.

Después reconoció que leía la primera página y el fiscal le recomendó que si tenía que optar por una sola hubiera sido mejor la última, que es donde pone si la licencia es favorable o no. “En la primera lo que pone es quién la solicita”, le dijo el fiscal.

Lo que decían antes

Pero esa fue la excepción. Antes de sus problemas judiciales, Reyes tenía otro discurso y otros argumentos. Decía que su Ayuntamiento había recurrido la Moratoria, como el de Teguise, para no tener que pagar indemnizaciones a los empresarios a quienes negara una licencia, decía que había una campaña contra CC, que apoyaba “sin fisuras” la Moratoria (a pesar de recurrirla), tal y como declaró a La Provincia en el año 2000, pero que debía defender la autonomía municipal.

El alcalde no pudo leer esos argumentos en un informe jurídico municipal, no sólo por su escasa afición a la lectura, sino porque no existe ese informe interno. El Ayuntamiento recurrió a un dictamen del profesor de la Universidad de La Laguna, Antonio Domínguez Vila. Teguise también decidió recurrir la Moratoria en un pleno celebrado en noviembre de 2000 y con el voto favorable, entre otros, de Domingo Cejas, entonces en el PIL y hoy asesor de CC en el Cabildo de Lanzarote.

Por su parte, Reyes, a pesar de que sabía lo que estaba haciendo, se mostraba muy convencido de lo que decía. Cuando José Saramago dijo, en una conferencia en la Biblioteca insular, que no iba a volver a poner los pies en Playa Blanca, le contestó que no hacía ninguna falta que fuera por allí. En una entrevista en Radio Lanzarote llamó “godo prepotente” al redactor del Plan Insular y dijo que la Fundación César Manrique estaba equivocada recurriendo las licencias del plan parcial Playa Blanca, que fue anulado después por los tribunales.

En la sentencia de Yate se afirma que los condenados fueron “apercibidos desde diversas instancias advirtiendo de la ilegalidad” del plan parcial Playa Blanca, y que “lejos de atender tales requerimientos con amparo en un informe jurídico emitido por el abogado de los promotores”, en alusión a Ignacio Díaz de Aguilar, “desatendieron” las advertencias, “acordando continuar” el desarrollo del plan parcial “en beneficio de los promotores” en contra de la “legislación aplicable”.

Tras su detención en 2009, o bien Reyes flaqueó o puso en marcha el plan B. Admitió que había recibido dinero de varios empresarios, entre los que citó a Ignacio Díaz de Aguilar, Joaquín Cañada, José Francisco Riquelme y “el vasco de Playa Blanca”. Un mes más tarde, se retractó a través de una carta, entregada a su nuevo letrado, Pablo Luna, conocido por llevar la defensa de imputados en el caso Malaya.

La Fiscalía solicitó a la juez instructora que investigara por qué los abogados de esos empresarios sabían que se iba a retractar de sus acusaciones antes de que hubiera constancia de ello en el Juzgado. El fiscal consideraba que había “una gran interrelación entre muchos de los imputados en la causa, no solo para conseguir las licencias sino también para defenderse con una misma estrategia”.

Coincidencias

El caso es que había quien coincidía con Reyes. En 2001, el entonces presidente de la patronal Asolan, Rafael Lasso, decía en una entrevista en La Voz de Lanzarote que “Lanzarote es la única isla donde tenemos perfectamente definido hasta dónde queremos crecer en los próximos diez años”. Lo hacía después de reconocer que a lo largo de ese año ya se habían incorporado 2.000 camas más al mercado y antes de señalar que hacían falta campos de golf y puertos deportivos y que él mismo era el promotor de uno de ellos. Ese puerto era Marina Rubicón y la sentencia de Yate considera un hecho probado, porque así lo reconoció Reyes, que cobró 60.000 euros para permitir el puerto, cuyas licencias también han quedado anuladas.

Francisco Armas, que fue el siguiente presidente de Asolan y socio en el puerto, declaraba a La Provincia en 2008 que “en Lanzarote no ha existido ninguna trama para conseguir licencias ilegalmente”, que los que habían fallado eran los ayuntamientos de Yaiza y Teguise y que las licencias de los hoteles habían sido anuladas por defectos de forma.

En el año 2000, Becerra, preguntado en prensa por las posibles trampas que podía estar haciendo Yaiza otorgando licencias, afirmaba que eso era porque “algunos tienen mucho interés en que aparezca un municipio gobernado por CC y un determinado político de CC bajo sospecha, pero esto no deja de ser una parte más de la orquestación que algunos están dirigiendo para poner en la picota a algunos políticos de Lanzarote”. Sobre la concesión de licencias de Yaiza saltándose la Moratoria era rotundo: “No es cierto lo que se ha publicado y eso me preocupa”.

Una semana antes, Pedro de Armas declaraba que “un alcalde, cuando da una licencia, tiene todas las bendiciones de los técnicos para darla, todos sabemos que si la anula se somete a la posibilidad de incurrir en prevaricación y tener que pagar graves indemnizaciones”. El tiempo fue pasando y las cosas se fueron complicando. Llegaron las primeras anulaciones, la denuncia por la vía penal… y los argumentos bajaron a la trinchera de que todo se hacía por el desarrollo de la Isla o para dar empleo. O se recurría al ataque.

Reyes otorgó la licencia de Costa Roja (cuya denuncia por parte del Cabildo acabó dando de forma indirecta origen al caso Unión) y declaraba esto en septiembre de 2007: “Desde hace muchos años viene, desde el Cabildo, y concretamente tres personas, una guerra contra Yaiza que no conduce a nada y bueno; tengo la conciencia tranquila y no he hecho otra cosa sino defender los intereses del municipio, que han querido ser machacados desde la Institución insular”.

Las consecuencias

Pero esos argumentos tampoco calaron. En aquella entrevista, Lasso estaba convencido de que el golf y los puertos deportivos iban a hacer “sin duda, que el nivel de la Isla se eleve”. Pero no fue así. Como tampoco se repartió la riqueza. Después del crecimiento de Playa Blanca, el resultado para el municipio fue un caos urbanístico y una ruina para el Ayuntamiento. En junio de este año, el actual alcalde, Óscar Noda anunciaba que Yaiza acababa de dejar a cero “la deuda histórica de 33 millones de euros que CC había dejado en 2011”, entre ellos, 5 millones a la Seguridad Social y 2,5 a Hacienda.

Cuando Reyes dejó la alcaldía, los que entraron se encontraron con que había empresas, aproximadamente la mitad de las inscritas en el municipio, también hoteleras, que no pagaban impuestos, que algunas habían pagado cantidades ridículas por sus licencias, que había zonas verdes municipales ocupadas por hoteles, que había planes parciales que han ocupado el suelo que debían haber cedido al municipio, otros que no han hecho las obras a las que estaban obligados y que los puertos deportivos, los que iban a elevar el nivel, no pagaban el IBI.

Tampoco había dinero para abrir el camping, para pagar a la Cruz Roja o para el servicio de basura. La biblioteca se abrió gracias a una iniciativa ciudadana, el colegio es el más masificado de la Isla y no hay instituto de secundaria.

En cuanto al empleo público, en abril de 2011 los 300 trabajadores municipales, de los que solo 43 eran funcionarios, cobraron su nómina el 20 de mayo gracias a unos pagarés adelantados por empresarios locales, el paro superaba el 30 por ciento en 2010, después de la fiesta del ladrillo y la precariedad laboral en el sector turístico ha seguido siendo una de sus características principales. De hecho, la asociación de Las Kellys tiene en Playa Blanca una de sus agrupaciones más activas de toda España.