Los miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote mostraron de forma unánime este martes el rechazo a la instalación jaulas marinas en el litoral de Playa Honda y, en los representantes del tejido social, se fue más allá y se instó a una movilización: “La isla de Lanzarote tiene que estar en pie de guerra, hay que salir a la calle, que es donde se nos hace caso”, resumió Ramón Pérez Farray, representante de los sindicatos.

Al final de la sesión, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Nicolás Saavedra, enunció una propuesta de declaración del Consejo, en el que el órgano de la Reserva de Biosfera “ se manifiesta de forma unánime en contra de la implantación de las jaulas marinas de acuicultura en Lanzarote”.

También se solicitó la presencia en la Isla de algún representante del Gobierno de Canarias para dar cuenta del rechazo a las jaulas. En la sesión se exigió en diversas intervenciones que viniese a Lanzarote el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres. El Cabildo envió un comunicado en el que asegura “la próxima visita a la Isla” de Torres para “reunirse con los colectivos y personas interesadas” para abordar el Plan regional de ordenación de acuicultura.

El representante empresarial, Eduardo Spínola, destacó en su intervención que “se ha generado alarma social” por el proyecto que tramita la empresa Yaizatún para colocar 56 jaulas de acuicultura entre Arrecife y el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, en una zona de sebadales. “Todos estamos de acuerdo en que sería muy perjudiciales para la Isla”, destacó.

Spínola resaltó que la “clave” está en que se modifique el Plan regional de ordenación de acuicultura “de forma urgente” para que se adapte a lo que están solicitando instituciones, organizaciones sociales, empresariales y deportivas de la Isla, que pasa por que no se implanten jaulas marinas donde está previsto.

En el PROAC en vigor se contemplan varias áreas para la instalación de jaulas: entre la playa de Las Cucharas en Costa Teguise hasta el Islote del Francés en Arrecife, entre La Bufona en Arrecife y la punta del Barranquillo en Puerto del Carmen, entre Las Coronas al sur de Playa Quemada y la Punta de Papagayo, entre la Playa del Pozo y la Punta del Águila en el litoral de Papagayo, y entre Punta Limones y Montaña Roja, también en el sur de la Isla.

Spínola hizo referencia a la discrepancia en cuanto a las competencias en materia de acuicultura: el Cabildo defiende que le corresponden desde el Estatuto de Autonomía de 2018 pero el Gobierno de Canarias las sigue ejerciendo y, de hecho, está tramitando el citado proyecto para las primeras 56 jaulas con la nueva ordenación. “Hacemos un llamamiento al Gobierno de Canarias para modificar el PROAC, porque aunque las competencias las tengamos en Lanzarote, con esta ordenación seguiremos teniendo el mismo problema”, apostilló el representante empresarial.

Spínola resaltó que la “clave” está en que se modifique el Plan regional de ordenación de acuicultura “de forma urgente”

Por su parte, Pérez Farray opinó que “si alguien piensa” que con la vía de los recursos administrativos o incluso judiciales “este problema se resuelve es que está equivocado y nos la vamos a tener que comer”. El representante sindical incidió en que tiene que producirse “una respuesta total y absoluta de toda la Isla”. “Entonces nos harán caso y modificarán lo que tengan que modificar”, añadió. Pérez Farray pidió acuerdos plenarios del Cabildo y de todos los ayuntamientos, además de apostar por la movilización social: “De eso sabemos algo”.

José Goñi, de la asociación Papacría y portavoz de los colectivos ecologistas, recordó que “la experiencia” de las jaulas marinas en Playa Quemada “no es buena” y demandó que se haga un “seguimiento” de la restauración ambiental de aquel espacio, donde la empresa Yaizatún ya no tiene concesión.

Susana Pérez, presidenta de la Federación Turística, lamentó que no se tuviera en cuenta el rechazo de la patronal cuando se elaboró el PROAC, aprobado en 2018, y se recogiera la instalación de jaulas en “las zonas turísticas, Costa Teguise, Puerto del Carmen y Playa Blanca”. Pérez coincidió en que, al no avanzar ni la vía administrativa ni la jurídica, por el rechazo del Gobierno de Canarias a las alegaciones y requerimientos presentados, queda “la última vía, que es la política, la de manifestarse y que el presidente del Gobierno venga a Lanzarote”.

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