El Cabildo de Lanzarote aprobó este martes en pleno la interposición de un contencioso judicial contra un parque eólico en la zona de Las Caletas, al que dio luz verde el anterior presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en contra del criterio de la Corporación insular gobernado entonces por su compañera de partido, Dolores Corujo.

Corujo contrató el pasado 10 de mayo el equipo jurídico para interponer el procedimiento contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, del mes de marzo, que rechazó un recurso del Cabildo en contra de la autorización al denominado parque eólico Vista Mar.

No obstante, tal y como apuntó a Diario de Lanzarote el nuevo consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Alexander Machín, es preciso que el pleno del Cabildo acuerde entablar el pleito judicial.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado recientemente en contra del Cabildo majorero, que recurrió los permisos para dos parques eólicos en el municipio de La Oliva, precisamente porque el entonces presidente, Sergio Lloret, no atendió los requerimientos de que fuese el pleno el que acordase las acciones legales, según avanzó Diario de Fuerteventura.

El proyecto que impugnará el Cabildo de Lanzarote, de seis megavatios, se emplazaría entre la Circunvalación de Arrecife y Costa Teguise, a algo más de 300 metros de distancia de la LZ-18, la carretera que en la localidad turística se transforma en la Avenida de Las Palmeras.

En septiembre de 2021, el entonces consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, declaró de interés general las obras necesarias para el parque eólico, con una inversión de más de siete millones de euros y que ya contaban con declaración de impacto ambiental desde diciembre del año anterior.

El Gobierno sostenía que “existen razones justificadas de excepcional interés” para su puesta en marcha y citaba como “impactos positivos” la inversión económica, la reducción anual de 11.250 toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera en la central eléctrica o el ahorro de 32,4 millones en el “extracoste” que paga el Estado por la generación de energía en Canarias. También que supondría acercarse al objetivo para el año 2026 de 190 megavatios eólicos entre Lanzarote y Fuerteventura, que están interconectadas.

El Ayuntamiento de Teguise informó de que los molinos se colocarían en suelo rústico de infraestructuras y en rústico de protección territorial, el de menor relevancia. El Cabildo recurrió la citada autorización y el Consejo de Gobierno de Canarias la aceptó.

Cabe destacar que el Cabildo había trasladado a la Dirección General de Energía una declaración política en contra de que se utilizase una vía excepcional de la ley que regula el sector eléctrico canario para dar luz verde a parques eólicos por su interés general, con el argumento de que “un parque eólico privado no deja de ser simplemente un proyecto empresarial que tan solo aspira, como corresponde, a dar respuesta a un interés particular”.

Un año después de darle la razón, el Gobierno volvió a tomar una postura contraria a la del Cabildo lanzaroteño. No solo concedió la autorización, sino que declaró la utilidad pública del parque.

Ubicación del parque eólico Vista Mar.

Informes y condiciones

El proyecto fue sometido a información pública y se consultó a todas las administraciones afectadas. Se emitieron 12 informes y dos documentos de alegaciones. La Dirección General de Energía concedió la autorización en base al Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias, que establece ciertas condiciones en materia de seguridad, responsabilidad civil o de impacto ambiental.

“No se podrá proceder al inicio de las obras de ejecución del proyecto en tanto en cuanto no se defina por parte del órgano ambiental el sistema de detección de aves a instalar”, señala la resolución.

El texto de la resolución incluye hasta 15 condicionantes, de todo tipo, desde la construcción, las obras, los residuos, el impacto paisajístico, el funcionamiento y otros permisos necesarios. La instalación deberá ejecutarse en el plazo de dos años. El parque eólico deberá estar adscrito a un centro de control de generación para garantizar la fiabilidad del sistema eléctrico.

Los aerogeneradores y el centro de entrega y medida del parque eólico se ubicarán dentro de las parcelas de las que es titular la empresa promotora, mientras que la línea de evacuación del parque discurrirá por márgenes de viales y de fincas de particulares hasta la subestación eléctrica de Punta Grande.