El Ministerio de Hacienda acaba de desestimar un incidente de ejecución que habían presentado varios propietarios de las casas de la urbanización La Bufona, en Arrecife, por las alteraciones catastrales que había sufrido las casas en 2008.

Ese año, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Gonzalo Murillo, propietario de una parte del terreno que ocupan las casas. También cambió el nombre de la calle. Pasó de llamarse Chabusquillo a llamarse Chubasquillo

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El ministerio destituyó al director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló esa inscripción de las viviendas y ejecutó la sentencia abriendo un procedimiento de subsanación de discrepancias. Varios propietarios pusieron ese incidente de ejecución ante el Tribunal económico administrativo regional de Canarias, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda.

Lo que dice el Tribunal es que lo que el Catastro había hecho al cambiar la titularidad no fue adaptar la realidad física de las casas a la descripción catastral. Las casas están escrituradas en parcelas de menos de 400 metros y deberían ocupar una superficie edificada de unos cien metros, cuando en la realidad están en parcelas de más de 500 y miden más de 200 metros cuadrados de superficie.

Lo que hizo, ante la presentación de declaraciones simplificadas de alteraciones de bienes inmuebles para declarar construcciones nuevas, fue crear nuevas referencias catastrales en una calle ficticia y sin dar audiencia al propietario de los terrenos.

Los dueños de las casas creen que la actuación del Catastro fue conforme a derecho porque la alteración de los bienes inmuebles es obligatoria para que la descripción catastral concuerde con la realidad, pero este tribunal señala que el caso no se puede reducir a comunicar que se ha realizado una modificación de obra nueva, porque además no se trata de una parcela con un único propietario.

Como el Catastro no siguió el procedimiento establecido, su actuación es nula, ya que permitió otorgar una nueva referencia catastral a 18 viviendas en una calle distinta a la que consta en las escrituras, al margen de todo procedimiento

Como el Catastro no siguió el procedimiento establecido, su actuación es nula, ya que permitió otorgar una nueva referencia catastral a 18 viviendas en una calle distinta a la que consta en las escrituras, al margen de todo procedimiento. En lugar de adecuar el registro al realidad, creó artificiosamente una realidad nueva.

Con el recurso desestimado, la historia no acaba ahí, porque en 2017 ocurrió otra vez lo mismo que en 2008. La Gerencia regional del Catastro volvió a cambiar la titularidad de los terrenos donde se asientan las casas y a inscribirlas en la Chubasquillo, otra vez sin dar audiencia a Murillo.

También habría que recordar que catorce de las casas de La Bufona, que hoy tienen una orden de derribo parcial, estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, mientras que los propietarios de los terrenos, la familia Murillo, continuaba pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En esta ocasión las casas se catastran en suelo rústico de uso agrario excepto la casa de la hoy alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que figura en suelo rústico pero con uso residencial. Murillo volvió a denunciar la situación alegando, además, que el cambio se hizo gracias a un expediente que se debía haber caducado porque pasaron seis meses sin que se resolviera.

Poco después el Catastro caduca el expediente y abre otro procedimiento de subsanación de discrepancias para dar cumplimiento a la sentencia de 2013 y para que haya concordancia entre el catastro y la realidad material.

Murillo ha presentado una denuncia de nuevo ante el Ministerio por una posible actuación anómala. Considera que el Catastro reconoce que ni la superficie de las casas ni la de las parcelas coincide con la que aparece en las escrituras y que los titulares de las viviendas no han acreditado ser los titulares del suelo rústico que ocupan sus casas.