El Gobierno canario ha aprobado este lunes el decreto que regula el destino de los fondos del desaparecido IGTE, con un formato que prescinde del reparto por Islas que reclamaban algunos cabildos y destina un 75 % a inversión en infraestructuras, un 20 % a políticas de empleo y un 5 % a I+D.

En su reunión de este lunes, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto que crea el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que estará dotado de un máximo de 1.600 millones durante todo su período de vigencia, de 2016 a 2025 (diez años).

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), ha subrayado que los recursos de este fondo de desarrollo se distribuirán en función del interés de los proyectos o programas presentados para sus tres ejes básicos de actuación, a través de un comité que seleccionará qué iniciativas se financian y qué volumen de recursos reciben.

Los cabildos, ayuntamientos y universidades podrán acudir a las convocatorias del FDCAN en solitario, con proyectos concretos, o hacerlo consorciados por islas para proponer un programa plurianual.

En el primer caso, los proyectos seleccionados podrán ser financiados en un 100% con los fondos del IGTE. Para el segundo, el Gobierno ha renunciado a la exigencia que planteaba inicialmente y que obligaba a las administraciones locales a financiar el 50% del programa plurianual de actuaciones que proponían para su isla.

Rosa Dávila ha explicado que el Ejecutivo ha optado, en el caso de los programas plurianuales, por tener en cuenta la capacidad financiera de cada isla, de modo que Tenerife y Gran Canaria tendrán que financiar con sus recursos el 50% de lo que propongan por esa vía; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, el 20%; y La Gomera y El Hierro, sólo el 10%.

El FDCAN financiará, como criterio general, "proyectos que contribuyan al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las Islas" y que concuerden con sus tres ejes básicos.

En el capítulo de I+D, al que se destinan ocho millones por año, cabe presentar apoyo a actividades de innovación lideradas por empresas, transferencia de conocimiento entre empresas y centros de investigación, redes tecnológicas, desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico, y promoción de los servicios públicos digitales.

En el caso de políticas activas de empleo (32 millones cada año), los fondos pueden apoyar incentivos a la contratación de colectivos de difícil inserción laboral, formación, planes de empleo para hogares con todos sus miembros en paro o contratación de titulados que ayuden a mejorar el modelo productivo.

El grueso de la financiación anual del IGTE (120 de 160 millones) se invertirá en la construcción de infraestructuras de transporte, científicas, turísticas, hidráulicas, viveros de empresas, viviendas de protección oficial, zonas comerciales abiertas, parques de energías renovables y modernización del sector primario.

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