El juez Rafael Lis, suspendido de sus funciones por una sanción del Poder Judicial, decidió abrir el plazo para acusar al Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote del año 2008 por la concesión de una autorización para una gasolinera en Playa Blanca, en contra del criterio de la Fiscalía y a apenas horas de ser apartado del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife.

El martes de la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informó de que la suspensión de funciones durante seis meses al juez Rafael Lis, como consecuencia de una falta muy grave, se cumpliría desde el 1 de mayo.

Sin embargo, el domingo 29 de abril el juez Lis dicta un auto en el que decide que una causa abierta a raíz de la denuncia de la Asociación de juristas Jiménez de Asúa, por la concesión de la calificación territorial a una gasolinera promovida por el empresario Honorio García Bravo en la carretera de Playa Blanca a Femés, pase de diligencias a procedimiento abreviado. 

En el mismo auto, Lis abre un plazo de 10 días a la Fiscalía y a la citada asociación, que ha sido cuestionada por el Ministerio Fiscal en otras causas por actuar como un “caballo de Troya” con “intereses bastardos”, para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.

En el citado auto, el juez Lis da por finalizadas las diligencias previas y abre el procedimiento abreviado contra la entonces presidenta del Cabildo, Manuela Armas (PSOE), y los consejeros socialistas Juan Félix Eugenio, Carlos Espino, Ramón Bermúdez (PIL) y Juan Carlos Becerra (PNL). En cambio, ni siquiera determina en la parte dispositiva qué presuntos delitos considera que hay indicios de que pudieran haber cometido y señala que están “sin especificar”.

La decisión de Lis de pasar esta causa a la fase de procedimiento abreviado y abrir el periodo para acusar, se produjo a pesar de que la fiscal María Pérez Pliego, solicitó el pasado 16 de enero el sobreseimiento provisional para todos los investigados.

“No hay indicio alguno”

La Fiscalía entiende, después de analizada la causa, que “no hay indicio alguno para acreditar la comisión por los investigados de un delito”, ni bajo la modalidad de prevaricación administrativa “ni mucho menos de cohecho o de tráfico de influencias”.

La base de la denuncia fue que en el expediente constaba un informe elaborado por la jurista del Cabildo Joana Macías, sobre el que la propia funcionaria especificó en el Juzgado que tenía sentido “desestimatorio” de la solicitud de autorización para la gasolinera, pero precisó que “no era vinculante, solo preceptivo”.

Macías añadió que “una decisión tomada en sentido contraria a su informe”, como la que adoptó el Consejo de Gobierno de diciembre de 2008, “también podía ser honesta o irreprochable, si era rigurosa y estudiada”. Macías recalcó que “ninguno de los políticos” del Consejo de Gobierno la presionó para que cambiase el sentido de su informe y “de hecho ni los vio". En el Juzgado también declaró como testigo el funcionario Gustavo Navarro, que elaboró el informe técnico en el expediente de la gasolinera “en un sentido favorable”.

La Fiscalía insistió en su petición de archivo de la causa que “los investigados no cometieron hecho punible alguno, dado que su resolución no fue contraria a Derecho”. La objeción de la jurista era que entendía que las necesidades de gasolineras en la zona en la que se proyectaba la nueva estación de servicio ya se encontraban cubiertas y que el Plan Insular, en caso de imprecisión, se inclina por el “menor deterioro” del “ambiente natural” y del “paisaje” y la “imagen urbana”, según refleja Lis en su auto.

Otras peticiones fueron favorables

Por su parte, la Fiscalía refleja en su petición de archivo la declaración de miembros del Consejo de Gobierno, entre ellos la de Espino, quien señaló que el informe jurídico de Macías respondía a lo largo de su desarrollo “de manera positiva” y que era “congruente” con “peticiones anteriores de calificación para gasolineras”, que habían sido favorables. “Pero en este caso al final del informe la técnico jurista hizo constar una serie de cuestiones” que, en su opinión, “eran subjetivas”, como que “había muchas gasolineras en la zona”.

Así, los miembros del Consejo de Gobierno tuvieron en cuenta que “no hay ninguna norma que establezca la densidad máxima de gasolineras por habitante o por kilómetros cuadrados”. Espino señala que se entendió que la consideración en ese sentido de la jurista del Cabildo “no estaba sustentada en norma alguna que le permitiese establecer que el informe era negativo, porque la argumentación previa era positiva”.

En ese sentido, la fiscal refleja en su petición de archivo de la causa que en la declaración en el Juzgado, la jurista del Cabildo señaló que “no le constaba la existencia de ninguna normativa que regulase explícitamente el número de gasolineras que debía haber por densidad de población o por distancia”.