El titular del Juzgado número 3 de Arrecife, Rafael Lis, que en marzo admitió a trámite una denuncia de Luis Lleó contra dos agentes de la Guardia Civil que instruyeron el caso Unión y contra el secretario del Juzgado número 5, José Ramón Vera, ordenó las diligencias de investigación que le solicitaba el empresario lanzaroteño, entre las que se encontraba la de comprobar la autenticidad de un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que no fue favorable para Lleó porque desestimó un recurso de apelación interpuesto contra el auto de entrada y registro del Ayuntamiento de Yaiza en 2009.

Lis, en un auto del pasado 21 de septiembre, señala que no se trata de hacer “una instrucción de la instrucción” pero acepta que se revisen hasta 42 hechos distintos del caso Unión, ya que Lleó cuestiona la autenticidad de más de cien documentos.

El juez considera que se deben investigar tres delitos: uno continuado de falsedad en documento público, otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos y un delito continuado de usurpación de funciones.

Entre los autos que pide que se revisen hay órdenes de detención y de registro, interceptaciones telefónicas o providencias, y pide que se hagan “determinadas periciales forenses “para comprobar su autenticidad. También pide a la Guardia Civil que certifique las bajas laborales y vacaciones de los dos agentes denunciados, sus comisiones de servicios y hasta los justificantes de viajes de avión y alojamiento.

El juez Lis vuelve a pedir un análisis de los soportes informáticos, cuando la Policía Científica ya revisó los metadatos de los documentos y concluyó que no había ninguna manipulación, al igual que en las grabaciones de audio presentadas como prueba, y también pide la copia escaneada en soporte digital íntegra de la principal pieza de Unión y de otras tres piezas más y que el Juzgado elabore un índice de todas las piezas y su estado procesal.

El magistrado ordena que se practiquen todas las diligencias que pide Luis Lleó al denunciar a dos agentes de la UCO y al ex secretario del Juzgado

El magistrado, que ha sido recusado por la Fiscalía por no llevar una instrucción imparcial en esta denuncia, afirma en uno de sus autos que “la presunción de veracidad de la fe pública judicial y de numerosos documentos que conforman las diligencias policiales realizadas por agentes de la autoridad quedan abiertamente cuestionadas”.

También dice que hay “indicios sólidos de una posible usurpación de funciones por el secretario judicial arrogándose funciones jurisdiccionales al suplantar la firma del magistrado mediante imitación servil”.

Y acusa al secretario de una “absoluta falta de control” y ve “indicios sólidos de una sistemática manipulación de los documentos policiales por los dos agentes de la UCO”, sobre los que concluye que estaban en dos lugares a la vez “no pudiéndose presumir a nadie, ni siquiera a un funcionario público, el don de la ubicuidad”.

La Fiscalía destaca que el modo de razonar del magistrado para el que ha vuelto a pedir la recusación “es inaudito y roza los límites de lo grosero”

El magistrado acoge la teoría del denunciante de que algunas resoluciones de Unión se hacían posteriormente a los actos que ya se habían llevado a cabo, señalando que “dichas resoluciones no se vinieron a crear hasta tiempo después, bajo la mendaz fe pública del denunciado señor Vera Machín, quien al hacerlo no tuvo presente que en realidad ni él, ni en ocasiones tampoco el juez, en esos concretos días habían estado presentes en el Juzgado y que por lo tanto no habían ejercido las funciones que en los autos de prórroga se les atribuyen”.

La presunta falsedad de los autos y de las grabaciones del caso Unión ya fue resuelta en el Juzgado número 5 de Arrecife y por parte de la Audiencia Provincial que no vieron indicios de que fueran manipuladas. La Policía Científica emitió un informe que concluía que los autos se elaboraron en la fecha en que se debían elaborar y no estaban manipulados, y la juez instructora del caso, Silvia Muñoz, dio por válidos todos los autos.

El juez Lis acoge la teoría de Lleó y dice que hay “indicios sólidos de una sistemática manipulación de los documentos policiales” del caso Unión

La Fiscalía de Las Palmas contesta a Lis, en un escrito en el que pide la nulidad de la investigación y le acusa de no ser parcial, que el denunciante Luis Lleó, que se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel por cohecho, intenta revisar resoluciones judiciales imputando delitos sin principios de pruebas sólidos y destaca que “es un fraude al pensamiento lógico” porque “no cabe articular un procedimiento penal para investigar otro procedimiento penal”.

El Ministerio Fiscal destaca que “seguir este modo de razonar es inaudito y roza los límites de lo grosero”. “No existe un principio por el que se presuma que las actuaciones de las autoridades judiciales son ilícitas mientras no se demuestre lo contrario”, añade. “No es razonable”, dice la Fiscalía, ante resoluciones judiciales que aparecen firmadas por el juez, secretario judicial y con el “visto” del Ministerio Fiscal fecha y firma a puño y letra del fiscal firmante, “ordenar una pericial que desborda los límites de la pertinencia”.

La Fiscalía acusa a Lis de actuar “sin fundamento y operando una causa general basada en la búsqueda de un error”, a instancia del principal acusado de Unión

Desde la Fiscalía se critica que el juez instructor conceda esas diligencias de investigación “sin fundamento y operando una causa general basada en la búsqueda de un error, si es que los hay, que permita al denunciante articular una tesis acusatoria que viene sosteniendo desde su imputación en las actuaciones que ha sido objeto de investigación”.

Llega a calificar la Fiscalía la “visión del instructor” como “grotesca” sosteniendo sobre las resoluciones puestas en duda que “es inaudito afirmar que existen indicios racionales de ser delictivas por falsarias”.

Habla la Fiscalía de una “clara distorsión procesal al pretender revisar por el denunciante con el beneplácito del juez instructor, resoluciones judiciales que han ganado firmeza y volver a reiterar las mismas diligencias” y señala que es “palmario el fraude procesal y el abuso de derecho, así como, la incompetencia del actual instructor para tramitar diligencia instructora alguna so pena de incurrir en palmario y ostentoso error al conocer de una instrucción respecto de la que carece de competencia alguna”.