La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) lamentan que el Gobierno de Canarias tenga que devolver al Estado casi 7 millones de euros consignados en la anterior legislatura para la rehabilitación de infraestructuras turísticas por no haberlos ejecutado en plazo.

Las infraestructuras turísticas no solo están al servicio de quienes nos visitan, sino también de los residentes de las Islas, que tienen el mismo derecho a disfrutar de ellas, ya que se costean con presupuestos públicos financiados con impuestos.

"Nos preocupa este tipo de informaciones, porque desde el sector privado los empresarios turísticos estamos haciendo un esfuerzo ímprobo por mantener nuestras instalaciones en un nivel óptimo, una circunstancia que influye positivamente en la mejora del destino, y después nuestro representantes y administraciones no cumplan con su deber de ejecutar las cuantías consignadas para rehabilitar el espacio turístico público por una dilación en la gestión", apuntan las patronales.

En ese sentido, instan al nuevo Gobierno regional, y en especial al nuevo equipo al frente de la Consejería de Turismo, a hacer el mayor esfuerzo por mejorar la gestión, al tiempo que consideran que es necesario elevar el presupuesto autonómico para 2024 en materia de infraestructuras públicas. "¿De qué sirve tener los mejores hoteles si luego el turista sale a la calle y los espacios que transita y sus instalaciones no están al mismo nivel?", se preguntan.

Ya en ocasiones anteriores las patronales turísticas del Archipiélago pusieron de manifiesto que el presupuesto consignado en sucesivas legislaturas al área de Turismo y, en especial, a las infraestructuras públicas es ínfimo en comparación con lo que genera el sector. Así, en los presupuestos de 2023 se destinaron en total para el área de Turismo 125 millones de euros, de los cuales 23 se asignaron al Plan de Infraestructuras Turísticas. Estas cuantías, a pesar de que han crecido en los últimos años, siguen siendo manifiestamente insuficientes en comparación con los aproximadamente 2.700 millones que ingresan cada año las arcas públicas autonómicas, procedentes de los impuestos que abona la actividad turística, principal motor de la economía canaria.