Han pasado ya tres años desde marzo de 2018, desde que se celebró el pleno en el que el Ayuntamiento de Arrecife aprobó la concesión a la empresa Clece de la gestión por veinte años de la piscina municipal y el pabellón deportivo de Argana Alta.

El pabellón había cerrado cinco años antes de aquel pleno, en marzo de 2013 porque no tenía licencia (nunca la había tenido) y porque había fallos en su estructura que aconsejaban su cierre hasta que se solventaran.

La concejal de Deportes en 2013, Paca Toledo, hablaba de un cierre provisional de varios meses hasta que se arreglaran esos desperfectos. El concejal de Deportes de 2018, Manuel Hernández, reconocía que el trámite había durado “más de lo previsto, debido a la presentación de recursos y alegaciones durante el proceso de contratación”.

“Pese a las dilaciones, hoy es una jornada para felicitarnos, porque garantizamos que, en un plazo no muy largo de tiempo, los vecinos y vecinas de Argana dispondrán de nuevo de una instalación deportiva de calidad”, añadió el concejal en aquel pleno.

El pabellón sigue cerrado y si el retaso era importante entonces, ahora es para nota. Los trámites para construir ese pabellón comenzaron en 2003. Se abrió el 26 abril de 2007, un mes antes de las elecciones, con un partido de baloncesto entre el Gran Canaria y el FC Barcelona y la presencia de 3.000 espectadores.

La inauguración no evitó el descalabro electoral de la entonces alcaldesa Isabel Déniz, pero la apertura verdadera tuvo que esperar un año más porque se había abierto con algunas deficiencias. Nunca ha tenido licencia y se recepcionó con problemas graves en su estructura. Tampoco se ha podido usar el parking subterráneo.

Se cerró en marzo en 2013 por todas estas circunstancias, pero en diciembre de 2012 ya se tuvo que suspender un festival de gimnasia porque la humedad había levantado el piso. Lo construyó la empresa FCC, que pagó un viaje a Marrakech a Déniz y su familia.

Además, uno de los proyectos de la obra lo realizó una empresa relacionada con el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que entró en prisión por otro caso. Todo esto se investiga en la operación Jable, la única pieza que queda por juzgar del caso Unión y cuyo retraso solo es comparable a la demora en abrir el pabellón, que iba a costar inicialmente ocho millones, pero su coste real es de casi 13, porque se adjudicaron después la instalación eléctrica y otras obras complementarias.

A ese dinero hay que sumar medio millón que tuvo que pagar el Ayuntamiento a FCC, por sentencia judicial, por retrasos en los pagos. El Ayuntamiento ejerce la acusación particular en este caso judicial, en el que se calcula el quebranto para sus arcas en más de ocho millones de euros.

Cierre y (no) reapertura

Entre 2013 y 2015 no se hizo nada. Los pliegos para la reapertura se aprobaron en 2016 y el contrato con Clece se firmó en mayo de 2018. El coste de las obras necesarias para abrir el pabellón se calculaba en unos 840.000 euros, aunque la inversión total, durante los veinte años de la concesión, era de 2,5 millones. El Ayuntamiento debía aportar 500.000 euros en cuatro años y la empresa debía pagar un canon de 30.000 euros anuales fijos más un variable.

Nunca ha tenido licencia y se recepcionó con problemas graves en su estructura

Solo un mes después de la firma, la empresa ya estaba alegando que había deficiencias ocultas. Clece consideraba “totalmente imprescindible la revisión o modificación del proyecto” y pedía un aplazamiento del acta de replanteo porque habían pasado casi tres años desde que se redactara el proyecto de reforma, y en ese tiempo el pabellón se había deteriorado aún más por falta de mantenimiento.

En cualquier caso, en diciembre de 2018 el Ayuntamiento ya anunciaba que los técnicos estaban valorando cambios en la ejecución del proyecto, pero en mayo de 2019 la empresa no había nombrado ni siquiera un director de obra.

Entre las deficiencias que hay que corregir se encuentran el techo, el aparcamiento subterráneo, el parqué, la ampliación de los pasillos, las humedades, las canaletas, la cubierta, que no cumple con las normas de seguridad, o las cristaleras, que no cumplen con la normativa.

La concesionaria, Clece, encargó una auditoría externa que dice que las deficiencias son mayores a las que refleja el proyecto. Finalmente, se hace el modificado.

El actual concejal de Deportes, Roy González, señala que después de hacer ese modificado del proyecto, ahora está pendiente de un informe por parte de la Oficina Técnica que acepte o no ese modificado y, posteriormente, que dé el visto bueno la empresa.

El Ayuntamiento tenía fijado en el presupuesto de 2020 más dinero de lo que debía pintar en cuatro años. Había previsto un millón para obras para adecuación y legalización del Palacio de Deportes de Argana, otros 20.000 para proyectos de legalización de instalaciones deportivas y 250.000 más por las anualidades de 2018, 2019, y 2020. El dinero no se ha gastado y se ha retirado del presupuesto.

El concejal asegura que ese dinero irá dentro de un plan de inversiones municipal para este año. En aquel pleno de 2018, el entonces concejal Andrés Medina recordaba que en la recepción en 2007, la empresa Lude, que fue la primera concesionaria, denunció “vicios ocultos” en la terminación de la obra y que “se le estaba entregando una obra de un palacio de deportes que no estaba en condiciones”.

“Por eso le quiero decir (dirigiéndose a la alcaldía) que no volvamos a que pase lo anterior, que se coja una obra, se haga, se recepcione y luego veamos otra vez los vicios ocultos”, concluía el entonces concejal, anticipando casi de forma exacta lo que ha vuelto a pasar.