El Gobierno de Canarias ha autorizado este viernes en Consejo de Gobierno la suscripción del convenio de colaboración entre la comunidad autónoma y el Cabildo de Lanzarote para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia con un montante que asciende a cinco millones de euros.

Esta aportación supone un incremento de la financiación por parte del Gobierno canario en el marco de este Convenio con respecto a 2014, de un total de 561.648 euros.

A la cantidad aportada por el Gobierno en el marco de este acuerdo, se suma la aportación contemplada en el convenio realizada por el Cabildo de Lanzarote, un total de 2,5 millones de euros, por lo que la financiación para recursos de atención a las personas en situación de Dependencia asciende a unos 7,6 millones.

A través de este convenio se garantiza la financiación, para la isla de Lanzarote, de un total de 564 plazas, tanto de carácter residencial como en centros de día, lo que supone un aumento con respecto al pasado año de 26 plazas.

En concreto, para el presente año, se financiarán a través de este convenio, un total de 279 plazas en recursos de carácter residencial y 285 plazas en centros de estancia diurna.

A través de este convenio se garantiza la financiación, para Lanzarote, de un total de 564 plazas, tanto de carácter residencial como en centros de día

Con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.

El Gobierno señala que “dado que el convenio firmado en el año 2014, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizó su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración” entre ambas administraciones para la prestación de servicios.