La falta de descentralización administrativa, el déficit en el acceso a servicios públicos básicos, como la educación o la sanidad, el régimen de subvenciones y el modelo económico que beneficia a las islas capitalinas es a lo que hacen frente los ciudadanos y empresas que viven en territorios como Lanzarote y La Graciosa.

Educación: El elevado precio de ser estudiante

Nico Betancort Montelongo se prepara para afrontar el último curso del Bachillerato en su instituto de Arrecife. Mientras tanto, apura las jornadas estivales dedicado a entrenar para los campeonatos del Mundo y de España de kayak de mar. Viajará a Francia y a Baleares y quién sabe hasta dónde le llevarán sus éxitos deportivos, para los que no caben más límites que su esfuerzo personal.

Sin embargo, el joven tiene claro que su excelente expediente académico no funcionará igual que un medallero: “En casa no sobra el dinero. Si saco la media, haré Fisioterapia en Gran Canaria, donde tengo familia; y si no, Enfermería en Lanzarote”. La posibilidad de estudiar en cualquier otro punto de la geografía española es descartada de inmediato por el sobrecoste para el presupuesto familiar.

La Ley de Reorganización Universitaria de Canarias insta al Gobierno a “amortiguar las barreras económicas y geográficas que limiten el acceso a los estudios superiores, con especial referencia a los alumnos de las islas sin centros universitarios”. En muchas ocasiones, la Ley no ha pasado de ser una declaración de intenciones. La Universidad canaria es hoy la más barata del Estado tras las rebajas de las matrículas de grado y máster aplicadas por el Gobierno recientemente. Y el descuento de 75 por ciento del precio de los vuelos para los residentes en las Islas ha sido otra buena noticia. Pese a todo, el traslado de la residencia fuera de la vivienda familiar en Lanzarote supone unos gastos mensuales en alojamiento y manutención, en torno a los 600 euros, que no todas las economías pueden permitirse. Y si el centro elegido pertenece a otra comunidad autónoma, los precios de alquiler y cesta de la compra, junto al de los estudios, se pueden disparar fácilmente hasta los mil euros al mes.

Cristina Camacho es coach educativa y miembro de la Federación de AMPAS de Lanzarote. Se lamenta de que en torno a un 25 por ciento de los jóvenes que salen a estudiar fuera de la Isla regresen en el primer año “por las dificultades para vivir sin apoyo familiar”. Calcula en unos 40.000 euros el gasto por carrera universitaria y señala el alojamiento como la primera dificultad: “En mi opinión, garantizar una residencia gratuita a todos los estudiantes de islas no capitalinas sería un paso de gigante”. Se trata de un gasto elevado que no tienen que afrontar los estudiantes originarios de Gran Canaria y Tenerife. “La indefensión ante la falta de alquileres, la inestabilidad y los problemas de convivencia son algunas de las principales razones del abandono de los estudios”, destaca Camacho.

Cabildo y ayuntamientos hacen encaje de bolillos para habilitar ayudas al estudiantado desplazado fuera de la Isla, que se dan bajo el criterio de café para todos, al margen de la situación económica de las familias. Más de 1.500 jóvenes recibieron el pasado curso los 225 euros otorgados por el Cabildo. En Arrecife, 452 estudiantes se beneficiaron de la ayuda municipal de 350 euros. En cualquier caso, importes que apenas palían las necesidades.

Harinera Lanzaroteña.

Industria: Luchar contra la competencia desleal

se ha convertido en una aventura titánica. De los casi 60.000 empleos que genera la economía insular, menos de 2.000 proceden del sector industrial, apenas tres de cada 100, un porcentaje muy inferior al que se registra en las islas capitalinas. Uno de los factores que desequilibran el mercado, además de las economías de escala -cuanto más produce una empresa menos le cuesta producir una unidad-, es el régimen establecido en las subvenciones. Las ayudas al transporte de mercancías, que tendrían que beneficiar a las islas no capitalinas, son un arma de doble filo: incentivan la importación (al estar subvencionado el cien por cien del coste desde Gran Canaria a Lanzarote), hacen casi imposible la exportación en sentido inverso por el menor tamaño de las empresas conejeras y protege a las industrias de las islas capitalinas, ya que el transporte entre Gran Canaria y Tenerife solo está subvencionado al 50 por ciento.

Una de las empresas industriales señeras de la Isla es Harinera Lanzaroteña, que llegó a presentar un expediente de regulación de empleo, que luego retiró. Ha sufrido que sus competidores de islas capitalinas vendan por debajo de su precio de coste aprovechando las ayudas al transporte. El Cabildo y los siete ayuntamientos han aprobado iniciativas “en defensa de los intereses del tejido productivo local”, pero en la práctica han caído en saco roto. Hace unos meses reclamaron que se auditen las subvenciones al transporte. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias se pasaron primero la pelota y luego, en el caso del organismo canario, ha eludido auditar las subvenciones al transporte de mercancías entre islas, pese a que la mitad del importe lo asume la comunidad autónoma.

La empresa lanzaroteña llegó a denunciar ante la Comisión Europea incumplimientos de la cláusula de acumulación en el Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias (REA), al percibir ciertas compañías diferentes ayudas para un mismo producto, lo que además de vulnerar la legislación supone competencia desleal.

Raquel Martin.

Sanidad: Más carga de trabajo y la mitad de servicios

Para Isa Malena Bethencourt, las desventajas para quienes habitan en una isla no capitalina son más que evidentes y si, como en su caso, se es paciente oncológica recidiva -lo que coloquialmente se describe como la reproducción de un cáncer-, aún peor. La maestra lanzaroteña enumera el rosario de incomprensibles carencias de la sanidad pública: “Las condiciones laborales de los especialistas no son buenas y la carga de trabajo es brutal. Hay cuatro oncólogos derbordados que deben atender a un número creciente de enfermos. Los fines de semana solo atienden situaciones muy extremas, el departamento de Enfermería no da abasto y los desplazamientos a otras islas resultan gravosos en lo económico y emocionalmente agotadores”.

Desde 2018 el Servicio Canario de Salud abona 37,4 euros por persona y día en concepto de manutención y 65,97 euros para alojamiento, cantidades claramente insuficientes

Madre de dos pequeños y 42 años recién cumplidos, Isa Bethencourt celebra cada día y despliega una energía y una vitalidad difíciles de encajar con su diagnóstico de cáncer con metástasis en varios órganos sensibles. Considera imprescindible exigir una atención de calidad y, por encima del búnker de radioterapia, que reivindican desde hace alos los pacientes oncológicos, reclama especialistas experimentados y resolutivos en un número suficiente y con capacidad para actuar de manera preventiva antes de que el mal sea irreversible y la enfermedad ocasione inevitables gastos “elevadísimos” a la Seguridad Social. “Es una cuestión de presupuesto, siempre es el dinero. Gracias a los ahorros y otras ayudas familiares yo pude viajar a Pamplona. Y solo si hay partida suficiente destinada a la atención sanitaria en Lanzarote se resolverán sus déficits y la convicción general de maltrato”, afirma.

La mayor y mejor dotación de personal es también la solución, a juicio de la fisioterapeuta Raquel Martín, quien realizó el camino profesional inverso al habitual al entrar en el Servicio Canario de Salud y renunciar posteriormente a la plaza “para ejercer de manera privada con libertad y acorde a mis convicciones”.

Martín considera insostenible multiplicar por siete los equipamientos tecnológicos por mor de la accesibilidad, “pero a cambio, los traslados para tratamientos deberían ser a coste cero”, incluyendo “vivienda” y “con facilidades para el acompañamiento y toda la comodidad posible para el paciente que viaja”.

Desde 2018 en que se ajustaron las ayudas, el Servicio Canario de Salud abona 37,4 euros por persona y día en concepto de manutención y 65,97 euros para alojamiento, cantidades claramente insuficientes. Las dificultades de la atención sanitaria equitativa derivadas de la doble insularidad son un caballo de batalla reconocido por el propio Gobierno de Canarias. El pasado mes de marzo, los máximos responsables de la sanidad pública de Baleares y Canarias se reunieron para compartir experiencias sobre el déficit de especialistas, los desplazamientos de usuarios a hospitales de referencia y las oportunidades de la telemedicina.