Sucedió sobre la una de la madrugada. El primero en dar la voz de alerta, visiblemente alterado, fue un vecino de la misma calle. Dio la casualidad de que, a esa hora, cuando casi todo el barrio de Titerroy dormía, unos agentes de la Policía Local se encontraban a pocos metros, atendiendo un rutinario aviso por un contenedor en llamas. Se acababa de desplomar el techo de una de las habitaciones de la vivienda ubicada en el número 40 de la calle Timbayba, sepultando bajo los escombros a Juan Luis García.

A punto de cumplirse 12 años de la tragedia, poco o nada ha cambiado: ni las antiguas viviendas del barrio se han renovado, ni las familias desalojadas han podido volver a sus casas, ni hay un horizonte claro para que las instituciones públicas afronten un problema serio, que afecta a decenas de inmuebles y que sigue sin estar en la agenda política del corto plazo. Con el tiempo, en los vecinos ha calado una conclusión: “Sentimos que nos han abandonado”.

Desde la fatídica madrugada de aquel 28 de julio, la vida de Candelaria Díaz no volvió a ser la misma. Perdió a uno de sus hijos, que el próximo mes de octubre hubiera cumplido 50 años, y tuvo que dejar la que había sido su casa de siempre. En la actualidad, sin la ayuda de otro de sus hijos, Andrés, Candelaria no tendría a dónde ir: con la pensión que cobra no puede afrontar en solitario ningún alquiler. “La gente me dice que por qué no reclamé una indemnización cuando mi hijo falleció, pero en el momento que ocurre algo así, una no piensa en eso”, señala.

Durante un tiempo, el Ayuntamiento de Arrecife abonó unas subvenciones al alquiler a las familias que fueron desalojadas de sus viviendas tras constatarse daños estructurales en las casas. En principio, se pensó que sería una solución transitoria mientras se acometía la reposición de las viviendas, pero lo que era un desalojo temporal se convirtió en definitivo. Y las ayudas al alquiler dejaron de concederse hace ya cuatro años.

Dulcenombre de Jesús Herrera residía en el número 31 de la calle Timbayba. Tras el derrumbe mortal en la casa de su vecina, los técnicos municipales analizaron las viviendas de la zona y se ordenaron varios desalojos. “Me precintaron la casa y no volví más”. El informe técnico del Ayuntamiento sobre el inmueble cuyo techo se desplomó avisaba de un peligro latente: aquellas viviendas, construidas en la década de los cincuenta del pasado siglo, “comparten las paredes” de separación. Incluso los techos “se ejecutaron de una sola vez”.

Al mes siguiente del derrumbe mortal, el Ayuntamiento ordenó “mantener el desalojo” de una docena de viviendas tanto en la calle Timbayba como en la próxima Tinamala. En 2015, la Concejalía de Urbanismo dio un paso más y procedió a tramitar la declaración de ruina de varias decenas de viviendas en el barrio. Sin embargo, de forma paralela, no se llevaron a cabo las obras para derribar y construir las nuevas casas, y las propiedades han quedado en una especie de limbo urbanístico.

Enésima promesa

Fuentes del Ayuntamiento de Arrecife consultadas por Diario de Lanzarote aseguran que el camino para retomar el Área de Renovación Urbana (ARU) de Titerroy ya está trazado: se encargaría a la empresa pública Gesplan, que depende de la comunidad autónoma, el proyecto para derribar las viviendas en mal estado y construir las nuevas edificaciones. Además, se asegura que, aunque se tienen que devolver los fondos transferidos para las casas, que no se han empleado, unos 762.000 euros del Ministerio de Fomento, “existe el compromiso de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias de firmar un nuevo convenio con el Gobierno central”. En el último pleno del Ayuntamiento se aprobó crear una comisión de investigación sobre el ARU de Titerroy, para depurar las posibles responsabilidades cometidas durante su gestión.

La firma de un nuevo convenio para acometer la reposición de las viviendas de Titerroy no es, en cualquier caso, sinónimo de que el proyecto saldrá adelante. El primero se suscribió en noviembre de 2011 a tres bandas, por el Gobierno central, el autonómico y el Ayuntamiento. El objetivo era ambicioso: se iban a renovar 200 viviendas en total y, en una primera fase, 100 inmuebles. El convenio no se ejecutó.

Un informe técnico elaborado poco antes de ese primer convenio por dos arquitectos especializados, concluyó que, de un grupo de 120 viviendas, al menos 73 requerían de “un tipo de intervención importante o muy importante”. Los arquitectos comprobaron “los daños, patologías y carencias” de las casas, que no cumplían “los niveles de adecuación estructural y funcional exigidos” por la normativa.

En aquel momento, todavía se pensaba en rehabilitar las casas en vez de derribarlas y construirlas nuevas, pero la rehabilitación fue descartada: “El presupuesto de la intervención superaba el coste de la ejecución de viviendas de nueva construcción”.

Candelaria Díaz, madre del fallecido en 2009.

“Me dicen que por qué no reclamé una indemnización cuando mi hijo falleció”

En febrero de 2015 se firmó otro convenio entre las mismas instituciones. Ya en aquel momento, el número de inmuebles a renovar se redujo a solo 20. El coste de las obras ascendía a 1,8 millones, las obras de reurbanización de las calles a unos 175.000 euros y el importe del realojo de los vecinos se estimó en 112.000 euros. Con otros gastos menores, la suma del convenio ascendía a 2,2 millones. Seis años después tampoco se ha llevado a cabo.

En el Ayuntamiento sostienen que no se pidió la prórroga correspondiente y que ahora habrá que firmar un nuevo acuerdo, que dan por hecho. Los vecinos de Titerroy han visto desfilar estos años a seis alcaldes y alcaldesas. Todos y todas han asegurado que se comprometían a afrontar el problema de las viviendas, pero el problema sigue estando ahí.

Candelaria y su hijo Andrés recuerdan que, en su etapa en la alcaldía, Cándido Reguera les enseñó los planos de lo que se les presentó como unos modernos dúplex. “Los vimos con nuestros propios ojos, nos aseguraron que había llegado el dinero para construirlos y pensamos que en breve empezarían las obras”, destacan.

Después de casi 12 años, los vecinos pivotan entre el escepticismo y la esperanza, que se suele decir que es lo último que se pierde. “Por supuesto que tengo ilusión de que arreglen la vivienda y me la devuelvan. Era la casa de mis padres y espero no morirme sin haber regresado a ella”, dice Dulcenombre. En su caso, vio venir el deterioro: “El techo del salón y de la cocina se estaba hundiendo, se lo comuniqué al Ayuntamiento y me pusieron unos puntales, pero al poco tiempo me dijeron que tenía que abandonarla por peligro de derrumbe”. Y hasta hoy.

De la Obra Sindical del Hogar a las sospechas

El grupo de 120 viviendas del que forma parte la casa de la calle Timbayba que se desplomó, fue declarado de ‘renta limitada’ el 25 de septiembre de 1958 y los inmuebles quedaron sometidos a la legislación que regulaba las viviendas de protección oficial. Aquel año se suscribieron los contratos entre la denominada Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura y los beneficiaros de las casas, con las cuotas a satisfacer durante un plazo de amortización de 50 años.

Según la documentación que ha consultado Diario de Lanzarote, en agosto de 2009, después del derrumbe, el número 40 de la calle Timbayba seguía a nombre del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. Le quedaba por abonar una simple cuota de 54,35 euros para saldar el importe cuando se produjo el incidente mortal.

Vecinos del barrio relacionan el aumento de problemas estructurales en las viviendas, sin prácticamente cimentación, con las obras que se ejecutaron en las calles con cargo al denominado Plan E, puesto en marcha para contrarrestar la crisis económica a través de la inversión pública. Vecinos de la calle Timbayba “vieron caer trozos de techo durante esas obras, pero le restaron importancia”, comenta Andrés García. Nunca se investigó.