La creación de una tasa turística es uno de los ejes del programa del nuevo Gobierno de Canarias. El pacto del bloque de izquierdas la ha vuelto a situar de actualidad. Uno de los miembros del bautizado como ‘pacto de las flores’, Nueva Canarias, ha intentado en varias ocasiones que saliese adelante en el Parlamento, la última vez el año pasado. Sin éxito. Ahora el panorama es distinto: el partido de Román Rodríguez gestionará la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, y su peso en el Ejecutivo regional es más que relevante.

En Lanzarote el debate sobre habilitar un tributo específico con el que recaudar fondos extraordinarios, una ‘ecotasa’, no es nuevo: en 2004 se lanzaba desde el Cabildo una propuesta, en el marco del programa ‘Life Lanzarote’, que estimaba unos ingresos anuales de 16 millones de euros, hasta 480 millones en tres décadas.

En la Isla, la preocupación giraba en torno al “desbordamiento de la capacidad de carga insular” y al “irreversible deterioro del patrimonio medioambiental”. El objetivo principal de una tasa turística era captar fondos para “rebajar” el techo alojativo fijado por el Plan Insular de Ordenación (PIO) en 1991.

En la moratoria turística aprobada en el año 2000 se fijó una limitación de 10.707 nuevas plazas turísticas a construir en una década. Las previsiones del planeamiento apuntaban a un techo alojativo de otras 30.000 plazas más. El objetivo era “rescatar derechos edificatorios con fines turísticos” y “acometer mejoras medioambientales” en el territorio insular ante el “creciente deterioro”, sobre el que ya se alertaba hace 15 años.

En las previsiones no se incluía el factor de la corrupción: los alcaldes de Yaiza y Teguise concedieron licencias de forma ilegal y ambos fueron condenados en el caso Yate. José Francisco Reyes aceptó seis años de cárcel por otorgar 12.000 camas ilegales y Juan Pedro Hernández admitió que prevaricó al firmar 1.800 plazas turísticas.

A la espera de que se articule la iniciativa retomada por el cuatripartito que gobernará el Archipiélago, la declaración de intenciones reflejada en su programa apunta a que “se estudiará la posible implantación de un impuesto a las estancias turísticas que tendrá carácter finalista”, con el foco puesto en incrementar “la inversión pública en rehabilitación” de las localidades turísticas “para mantener la rentabilidad social del sector”. Un dato: cuando se aprobó el Plan de modernización de Puerto del Carmen se estimó en 59 millones de euros la inversión en espacios públicos para reflotar la ciudad turística.

En la proposición de Ley presentada por Nueva Canarias en febrero del año pasado se entraba en más detalles que en el esquemático programa de gobierno del ‘pacto de progreso’. El destino de los fondos sería el de la rehabilitación esbozado ahora en el programa de gobierno, pero también el “impulso de un turismo sostenible”, la “preservación de los espacios y recursos naturales”, la “recuperación del patrimonio histórico” y el “mantenimiento del paisaje agrario”. Unos objetivos amplios que, alguno de ellos, entronca con el hilo conductor del debate suscitado en Lanzarote hace más de una década.

¿Cómo se haría?

Siguiendo la hoja de ruta marcada por la iniciativa defendida hace unos meses por Román Rodríguez, se gravarían las estancias de los visitantes en alojamientos turísticos. Eso incluye hoteles, apartamentos, villas, casas de turismo rural y “cualquier otro establecimiento” regulado para el alojamiento turístico.

En la proposición de Ley de Nueva Canarias no pagaban los menores de 14 años, la cuota máxima era de siete noches por persona y el tributo oscilaba entre los 1,5 euros por jornada en hoteles y apartamentos de cinco estrellas, un euro en los establecimientos de cuatro estrellas y 50 céntimos en el resto.

En Lanzarote se contabilizaron en el último año, según la Encuesta de alojamiento turístico difundida por el Gobierno de Canarias, más de 20 millones de pernoctaciones. La recaudación de un tributo turístico en la Isla, con las citadas condiciones, vendría a traducir esa cifra, aproximadamente, en euros.

¿Se perderían turistas?

La cuestión que siempre sale a relucir cuando se afronta un debate de estas características es si tendrá impacto en la llegada de turistas. Para el partido de Román Rodríguez, una tasa turística que, según su modelo, supondría un máximo de 10,5 euros para el visitante que se alojase en las Islas en un hotel de cinco estrellas, “supone un gasto adicional muy pequeño” en relación a lo que gastan cada día los turistas.

Por ello, añade, no supondría “retracción significativa de la demanda” y contribuiría a la “impostergable tarea de la renovación del destino”, además de paliar el “impacto” del turismo “sobre el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente”.

La presidenta de la patronal hotelera lanzaroteña, Susana Pérez, opina lo contrario: “Es un elemento que perjudica”. El importe de un nuevo tributo, añade, “puede ser mucho o poco” dependiendo del turista que lo paga. “Ya nos cuesta a los hoteleros y tour operadores vender vacaciones a Canarias porque la competencia es muy amplia y hay competidores, como Turquía y Egipto, con precios muy agresivos, que si aquí se incrementa el coste habrá una parte de la demanda que lo tendrá en cuenta, sin lugar a dudas”, señala. El debate está, de nuevo, servido.