La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Tenerife y Lanzarote, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad.

El convenio con Lanzarote contempla una aportación de 52.705.130,88 millones de euros procedentes de la Comunidad Autónoma hasta 2028 para la financiación de servicios y de un total de 847 plazas de carácter residencial y diurnas y 160 de promoción de la autonomía personal.

Por su parte, en Tenerife, el convenio contempla la aportación de 489.531.685,04 euros, hasta 2028 para financiar los servicios y un total de 5.472 plazas de carácter residencial y diurnas, lo que supone un incremento de 269 plazas con respecto a 2024, además de 300 plazas para promoción de la autonomía personal.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros, aproximadamente, para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21 por ciento del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39 por ciento, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.

Los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

El nuevo marco introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que “el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas”.

Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del tercer sector. En este contexto, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, destacó “el esfuerzo económico que realiza la institución insular para sostener y mejorar el sistema de atención a la dependencia”. Asimismo, subrayó que “esta aportación va acompañada de importantes avances organizativos que nos están permitiendo acelerar las valoraciones, reducir tiempos de espera y mejorar la respuesta a las personas y familias que necesitan estos recursos con urgencia”.

Por su parte, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, señaló que “éste es el acuerdo más importante del mandato en materia social, ofreciendo un marco jurídico-financiero, que garantiza estabilidad en la atención a la dependencia en Tenerife hasta 2028”.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 por ciento), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9 por ciento). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 por ciento), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.