En la tercera jornada del juicio de La Bufona han declarado siete peritos. De ellos, cuatro eran técnicos de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) y otros tres de las consejerías de Obras Públicas, Política Territorial y del Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias.

Las preguntas se han movido en torno a dos ejes, principalmente: determinar la finalización de las obras en la urbanización, y por tanto la posible responsabilidad o no de los promotores, que son los acusados, y determinar si la franja que ocupan las 14 casas de la calle Chabusquillo es suelo rústico de protección o no lo es, lo que haría que las obras fueran o no legalizables.  

Hasta ahora, la mayoría de las declaraciones de testigos, peritos y acusados coinciden en que las obras de la urbanización de las casas finalizaron a principios del año 2000. Si esto quedara demostrado como hecho probado, no podrían ser condenados por el delito de desobediencia ya que la orden de paralización de las obras sería posterior.

El otro delito por el que se acusa al promotor Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro es uno contra la ordenación del territorio por realizar obras en suelo rústico. En este caso, todas las declaraciones apuntan a que los promotores hicieron el cerramiento del muro, que ocuparía suelo rústico, al norte de la calle Chabusquillo, pero que los propietarios realizaron las ampliaciones: piscinas, suelos, pérgolas y otros añadidos.

Las defensas de los propietarios de estas 14 casas, que son responsables civiles subsidiarios, reconocen las obras, pero intentan demostrar que no se trata de suelo rústico de protección. 

La declaración de la mayor parte de los peritos ha sido de escasa credibilidad. Uno de ellos, de 86 años, no recordaba nada y la jurista de la Apmun, Sonia Gómez, fue apartada del expediente por una denuncia de Gonzalo Murillo, propietario de los terrenos rústicos al norte de la urbanización de La Bufona. Gómez declaró que se ordenó la paralización de las obras pero no se materializó el precinto.

Montserrat Ruiz, de la Apmun, realizó un informe en junio de 2000 y afirmó que no existen licencias de obra para la parte que está en suelo rústico. Jesús Luna, jefe del Servicio de Ordenación Urbanística del Gobierno de Canarias, también dijo que la zona al norte de la urbanización que ocupan las casas sigue siendo suelo rústico y que las obras habían sobrepasado el límite del plan parcial: “Está clarísimo que se desplazó el lindero norte”, señaló.

Teresa Abreu, ya jubilada pero que fue arquitectura de la Apmun y jefa de servicio, incurrió en varias contradicciones. Ella firmó un informe realizado en 2004. Dijo que había visitado las obras pero en una declaración anterior dijo que no las había visitado. También afirmó que en 2004 había obras aún sin terminar cuando las fotos de su propio informe no lo reflejan.

Además admitió que había conocido a Eduardo Murillo, que éste había visitado la sede de la Agencia y era “insistente” y que sabía que era un expediente “delicado” y “problemático”. Una de las abogadas, Delia Fernández, la acusó de mentir en su informe. 

Parte de las viviendas de La Bufona invaden suelo rústico de protección natural. Imagen: Grafcan.

Informe principal

El principal testimonio y el más consistente fue el de Susana Díaz, aparejadora de la Apmun, que hizo el informe más extenso de este caso en el año 2008. Dijo que el muro ya estaba terminado en febrero del año 2000 pero que no hay duda de que ocupa suelo rústico de protección natural ecológico jable y que las obras dentro de esa franja siguen siendo ilegalizables, mientras que el resto del plan parcial está en suelo urbano.

Las defensas de los responsables civiles sostienen, por un lado, que el Plan Insular de Ordenación (PIO) dice que no es suelo rústico, que la nueva carretera prevista desde el Hospital al aeropuerto haría que ese suelo dejase de tener ese valor y que las casas tienen licencia y certificación de final de obra además de cédula de habitabilidad.

Díaz se preguntó cómo había otorgado el Ayuntamiento de Arrecife esas licencias si no cumplían con el planeamiento que habían aprobado. También declaró que “hay licencias, pero algunas obras no se ajustan a esas licencias”, en concreto, los añadidos en suelo rústico.

La defensa de los propietarios argumenta que el Ayuntamiento les di el visto bueno y que se supone que un técnico visitó las casas para esa aprobación, y Díaz señaló que puede que sí pero que en la documentación que ella consultó en el Consistorio no consta que se haya hecho o no esa visita y no le mostraron las licencias de primera ocupación.

Explicó que, los promotores, al modificar el plan parcial (el original era de 1981 y la modificación de 1998), cambiaron la edificabilidad al incluir más viviendas de las permitidas cuando “un plan  parcial, aunque puede cambiar la tipología de las casas, no puede modificar el aprovechamiento del sector”. 

Eso “desvirtuó” toda la planificación. La excusa para el cambio del plan parcial era tener una zona comercial, que es la única que no se ha desarrollado. También dijo que todo apunta, por las fechas, que las casas se comenzaron a construir antes de haber obtenido las licencias.

Invasión de suelo rústico

La técnico explicó cómo considera que se produjo la invasión del suelo rústico, que tiene que ver con el diseño de la autovía: cuando se construyó se debieron haber expropiado 18 metros, y solo se expropiaron hacia la zona norte, así que los promotores midieron desde la nueva autovía hacia el norte de la urbanización y el límite, que debía ser de 300 metros, se excedió en esos 18 metros de suelo rústico. “Debían computar desde un punto y lo hicieron desde otro punto, el desplazamiento provoca que invadan esos 18 metros de suelo rústico”.  

La clave, según Díaz, es que con la expropiación, los promotores no contaban con los 50.000 metros cuadrados mínimos necesarios para la unidad vecinal que querían hacer. Díaz dijo que midió sobre el terreno esos 300 metros “para comprender el solapamiento con el suelo rústico”. Insistió en que los añadidos no tiene licencia y serían objeto de derribo: “Las ampliaciones no tienen licencia”.

Delia Fernández cuestionó las competencias de la Agencia de Protección del Medio en este asunto y el gran interés que se tomó en el caso, y señaló que hay un informe del PIO que niega que suelo rústico. “Lo mire por donde lo mire -contestó la técnico de la Apmun-  es suelo rústico de protección”, incluso leyendo el PIO, que dice que la delimitación de los suelos es la que refleja el Plan General, que ya estaba aprobado cuando se aprobó el PIO.