La polémica de la acuicultura ha estallado, pero por el momento solo se ha visto la punta del iceberg. La decisión del Gobierno de Canarias de ordenar de forma detallada una zona para la instalación de jaulas marinas, entre Arrecife y Puerto del Carmen, a lo largo de más de nueve kilómetros de costa, ha puesto en pie de guerra al Cabildo de Lanzarote, a los ayuntamientos de San Bartolomé y Tías, y a los empresarios de la Isla. Alertan del impacto medioambiental que tendrían estas instalaciones en frente de 13 playas, con gran afluencia de residentes y de turistas.

Sin embargo, el Plan de acuicultura aprobado por el Gobierno de Canarias que se está empezando a desarrollar es mucho más ambicioso: en Lanzarote define cinco grandes áreas que, en total, abarca más de 35,5 millones de metros cuadrados de superficie. Salvo ciertos intervalos del litoral, que quedarían libres, como parte de Puerto del Carmen y Puerto Calero, las jaulas marinas se extenderían desde la playa de Las Cucharas, en Costa Teguise, hasta Montaña Roja, en Playa Blanca.

El planeamiento que regula la acuicultura en Lanzarote se aprobó hace tres años. Solo la Cámara de Comercio presentó alegaciones y pidió que se eliminaran cuatro de las cinco zonas definidas para las jaulas marinas, porque se ubican “frente a los núcleos turísticos más importantes de la Isla” y por su “impacto negativo”, tanto “visualmente” como por la “contaminación” de los fondos marinos.

La reclamación de los empresarios fue rechazada: el Gobierno de Canarias argumentó que ya se dejaban al menos 1.000 metros de distancia a núcleos residenciales y turísticos. La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, anunció líneas de trabajo conjuntas y vías de diálogo con el Gobierno de Canarias ante el rechazo generalizado que se ha despertado en la Isla.

El reciente impulso del Gobierno, que ha empezado ahora a concretar la ordenación en varias islas de las zonas para jaulas marinas recogidas en el Plan de acuicultura, ha generado una ola de reacciones en contra. La Consejería regional de Pesca, en manos de Alicia Vanoostende, ha precisado cómo se gestionaría la segunda zona de interés acuícola de Lanzarote, dividida a su vez en dos partes: de La Bufona al aeropuerto César Manrique, y de Matagorda hasta el hotel San Antonio. En total, unos 12,4 millones de metros cuadrados, una tercera parte de lo que se ocuparía en total en las aguas de Lanzarote. La orden aprobada por el Gobierno “propicia” la “ejecución” de las jaulas marinas y es la que, “con carácter previo a la implantación” delimita “las parcelas destinadas al desarrollo de la actividad”.

El Plan del Gobierno contempla 35,5 millones de metros para jaulas

La primera zona acuícola definida por el Gobierno discurre desde la playa de Las Cucharas hasta el Islote del Francés, con una superficie de 4,5 millones de metros cuadrados. La segunda es la que se ha ordenado en detalle entre Arrecife y Puerto del Carmen. La tercera se prolonga desde Playa Quemada hasta la Punta de Papagayo (6,7 millones de metros). Aquí es donde se encuentra una de las concesiones vigentes, a la empresa Yaizatún, una sociedad del grupo Ricardo Fuentes e Hijos. La concesión es para una producción de 1.856 toneladas, en la actualidad de dorada y lubina. El Plan de acuicultura contempla solo en esa zona 15.000 toneladas.

La cuarta zona acuícola va de la playa del Pozo al oeste de la punta del Águila, en frente de las playas de Papagayo y de Playa Blanca (10 millones de metros cuadrados). En el litoral de Playa Blanca se encuentra la quinta zona acuícola: más de 1,7 millones de metros entre Punta Limones y Montaña Roja, por el faro de Pechiguera. El planeamiento del Gobierno reconoce dos concesiones en vigor en estas aguas del sur de la Isla: una a Insular de Cefalópodos y otra, justo en el exterior de la zona acuícola, a Acuimar Cachazo.

Esta última empresa fue considerada una sociedad tapadera del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, utilizada para el blanqueo de capitales. El propio Reyes reconoció en el caso Yate haber ocultado en la sociedad 51.106 euros de “procedencia ilícita” y “en metálico” que provenían de la “concesión de licencias urbanísticas”.