Al Ayuntamiento de Arrecife se le agotan las posibilidades de evitar el desembolso de una nueva indemnización millonaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa para que el Consistorio capitalino pague al menos 4,6 millones de euros por la ocupación de los terrenos sobre los que se asienta el colegio de Los Geranios, el campo de fútbol y el antiguo colegio Mercedes Medina, ahora Instituto de Educación Secundaria (IES) en Altavista.

En abril del año pasado, el TSJC dictó sentencia a favor del grupo de empresas formada por Fabrecar, Tamicar y Rosario Cabrera Tavío e Hijos, cuyos propietarios son los conocidos herederos de Cabo Pedro y en la capital lanzaroteña promovieron el polígono Arrecife Puerto, donde se encuentran, por ejemplo, Ikea y Lidl.

El Ayuntamiento se dirigió entonces al Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de casación. Desde este pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró firme la sentencia y exigió al Ayuntamiento, presidido hasta hace unos días por Ástrid Pérez, que llevase a “puro y debido efecto” la sentencia. Al Consistorio se le dio un plazo de 10 días, que ha incumplido.

En aquella diligencia, el TSJC advertía con multas de hasta 1.500 euros a la autoridad o funcionario que fuese responsable y que incumpliese los requerimientos de ejecución. También avisaba con deducir testimonio “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, en caso de ser necesario.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó el pago en enero de este año y ahora emprende la ejecución forzosa

Al no cobrar, el grupo de empresas solicitó al tribunal, en junio, que acordase la ejecución forzosa de la resolución judicial, a lo que el TSJC accedió. En esa fase se encuentra ahora mismo el procedimiento, que afecta a una superficie de suelo de casi 37.000 metros cuadrados y que engloba, además de las citadas instalaciones públicas, de uso educativo y deportivo, una franja de espacio libre e incluso se adentra hasta la rotonda que distribuye el tráfico entre la calle León y Castillo, la barriada de Tenorio y el acceso a Tinasoria.

En concreto, el pleito afectó a 8.251 metros cuadrados del colegio de Los Geranios (cuya parcela en total tiene unos 13.800 metros), a todo el campo de fútbol Agapito Reyes Viera (10.791 metros cuadrados), al actual IES en Altavista (9.502 metros cuadrados), a la parcela de terreno libre entre este último centro educativo y la calle León y Castillo (5.283 metros cuadrados), a esta misma vía y aparte de la calle Mosta (3.062 metros cuadrados).

Retasación

Cuando salió la sentencia por los terrenos ocupados en Altavista, desde el Ayuntamiento se deslizó la interpretación que podría haber sido mucho peor, ya que el grupo de empresas solicitaba una indemnización de 18 millones de euros.

La Comisión de Valoraciones de Canarias fijó el valor del suelo a expropiar, en noviembre de 2017, en 99,78 euros el metro cuadrado, un criterio que mantuvo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que validó ese precio y que añadió otro 25 por ciento más “en concepto de indemnización por ocupación”.

El pleito afectó a 8.251 metros del colegio de Los Geranios, todo el campo Agapito Reyes Viera y todo el IES en Altavista

Así, en términos económicos, el suelo ocupado le costaría al Consistorio 3,6 millones de euros, cantidad que se elevaría hasta los 4,6 millones por ese 25 por ciento adicional. De las consecuencias de esa sentencia firme faltan por cuantificarse los intereses expropiatorios, que no están definidos.

Sin embargo, el grupo de empresas no se conforma con la indemnización establecida por la Justicia y ha solicitado una retasación de los terrenos. Entiende que ha transcurrido el plazo de cuatro años desde que se fijase el justiprecio para los cerca de 37.000 metros cuadrados ocupados sin que se haya abonado. A partir de ahí, el propietario tendría otros cinco años para instar una nueva valoración del suelo.

En su solicitud, el grupo empresarial de Fabrecar considera que debe valorarse el suelo en unos 327 euros el metro cuadrado, lo que se traduce en 12,7 millones de euros, a los que añaden otros tres millones de euros por el concepto de “ocupación ilegal”. En total, reclaman que el Ayuntamiento capitalino desembolse 15,7 millones de euros.

También se paga por una parcela verde anexa e incluso parte de la calle León y Castillo y parte de la calle Mosta

Esta solicitud se hubiese evitado si el Consistorio hubiese abonado el justiprecio establecido. El derecho a solicitar una retasación se extingue con el pago total de la deuda. Entre que el TSJC declaró la firmeza de la sentencia y la solicitud de una nueva tasación pasaron unos cuatro meses sin que la Corporación municipal se moviese para cumplir con la obligación.

Ahora, el tribunal tramita la ejecución forzosa y el grupo empresarial exige el pago de los 4,6 millones y exige otros 11,1 millones, una reclamación que tiene todas las papeletas para convertirse en un nuevo episodio judicial, con la salud de las arcas municipales como telón de fondo.