En el auto de archivo de la causa contra 17 de los imputados en el caso Unión, la juez Silvia Muñoz señala que en líneas generales ese archivo se produce por "impotencia probatoria" y justifica las actuaciones realizada en el marco de la operación.

"La existencia de indicios justificó el despliegue de la actividad investigadora para esclarecer los hechos delictivos e identificar a los presuntos responsables, pero llegado el momento procesal y prácticamente agotada la instrucción, aun persistiendo los indicios, no existe posibilidad de obtener nuevos datos incriminatorios que permitan sostener una acusación fundada", señala en el auto.

En dicho auto, dictado este martes, explica de forma somera la trama de exigencia de comisiones ilegales por parte de varios concejales del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife "bajo el ascendente político de Dimas Martín".

Así, señala que la trama se materializaba a través de tres vías: el pago de comisiones ilegales para poder cobrar las facturas pendientes, la exigencia de esas comisiones para concluir nuevos contratos y la adjudicación de contratos al margen de la normativa administrativa.

En la pieza de supuestas comisiones ilegales pagadas al PIL siguen imputadas 18 personas

Señala, asimismo, que se observa una correspondencia entre las empresas que dotaban económicamente al PIL y las que resultaban beneficiadas por los contratos en el Ayuntamiento de Arrecife.

La instrucción, dice la juez, está en una fase decisiva a la espera de que se haga una pericial informática sobre unas resoluciones, aunque adelanta que esas resoluciones van a carecer de virtualidad probatoria.

18 imputados

En la pieza siguen imputadas 18 personas: Dimas Martín, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín, Luisa Blanco, Rafael Arrocha, Elena Martín, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesus Martín Brito, Daniel Cañada, Manuel Reina Fabre, Francisco Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenas, Juan Francisco Rosa y Carlos Sáenz.