La Fiscalía solicita 12 años de prisión para el acusado de un delito continuado de abuso sexual a una menor de nueve años en Lanzarote. El procesado estuvo en prisión provisional por estos hechos desde el 29 de septiembre de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, en una fecha indeterminada pero próximas y anteriores a las navidades de 2018, movido por su atracción sexual hacia los menores de edad y con ánimo de mantener relaciones sexuales, mantuvo dos encuentros sexuales con una menor de edad aprovechándose para ello de “la relación de confianza existente entre ambos por ser la pareja sentimental de la prima de la menor de edad”, señala el escrito.

Dichas relaciones sexuales plenas “y no consentidas” tuvieron lugar cuando la víctima tenía nueve y 10 años. “el primero de los encuentros tuvo lugar cuando el procesado, en repetidas ocasiones, le introdujo una de sus manos en su zona genital, acariciándole dicha zona, intentando introducir alguno de sus dedos en su vagina”, relata el documento.

El segundo tuvo lugar cuando el procesado “se masturbó en presencia de la menor de edad, poniéndola de rodillas delante suya, introduciéndole su pene en la boca de ella y moviéndole la cabeza de delante hacia atrás”, añade el Ministerio Fiscal.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima menor de edad ha sufrido daños morales consistentes en angustia, temor, desconcierto, pánico, vergüenza, malestar y desasosiego. Además, cabe reseñar que el procesado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, estuvo en prisión provisional por estos hechos desde el 29 de septiembre de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022.

Según detalla el Ministerio Fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual a menor de edad y por ello pide 12 años de prisión, así como la prohibición de acercarse o hablar con la víctima, menor de edad, durante 22 años. También impone una inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve el contacto regular y directo con menores durante seis años y libertad vigilada durante otros 10.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita una indemnización de 75.000 euros por los daños morales causados a la víctima y que le hará llegar a través de su madre como representante legal de la menor.