La Fiscalía ha rechazado el intento de la empresa propietaria del puerto deportivo de Marina Rubicón de personarse en el caso Yate, en el que ya hay sentencia firme, en la que se anula la licencia urbanística de las instalaciones.

La empresa, propiedad del grupo Martinón y de los empresarios Juan Francisco Rosa y Rafael Lasso, se dirigió a la Audiencia Provincial para tratar de personarse en el procedimiento con la intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia del caso Yate, además de considerar que el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, había prevaricado con la concesión de la licencia, tiene en cuenta que confesó haber recibido “dádivas” valoradas en “más 60.000 euros” de los propietarios del puerto deportivo.

En respuesta a la petición de la empresa de personarse en el caso Yate, el fiscal Javier Ródenas destaca en un escrito presentado en la Audiencia Provincial que se opone a su personación en la causa y que se le permita “intervenir” en la misma.

Así, la Fiscalía recalca que la empresa “no ha visto conculcados sus derechos” ya que “ha tenido oportunidad de defenderse”. Recuerda que Rafael Lasso, quien en representación de la mercantil pidió la licencia del puerto deportivo al Ayuntamiento de Yaiza en marzo de 2003, estuvo investigado por cohecho en la obtención del permiso municipal y que llegó a prestar declaración en la causa.

En julio de 2012, el Juzgado decretó el archivo de la imputación de Rafael Lasso, pero el Ministerio Fiscal recalca que el exalcalde reconoció haber recibido una “dádiva” por el “otorgamiento de varias licencias urbanísticas” a los administradores de Puerto Deportivo Rubicón SA sabiendas de su “frontal colisión con la normativa urbanística”, entre las que “destaca la propia licencia” del puerto.

Para la Fiscalía, no se puede considerar ni a Rafael Lasso ni al resto de socios del puerto deportivo como terceros de buena fe. En su escrito, recuerda que Lasso prestó una “extensa declaración judicial” el 30 de noviembre de 2011 y rechaza que su empresa “pretende erigirse en el 'tercero de buena fe' afectado por una decisión judicial en la que no se le ha dado la oportunidad de defenderse como intento para frustrar la ejecución penal de la sentencia del caso Yate”.

Sin embargo, añade la Fiscalía, la persona que inició el procedimiento administrativo de otorgamiento de la licencia urbanística, Rafael Lasso, “ha sido parte en el procedimiento”. De hecho, dice que “incluso ha sido protagonista del proceso penal durante gran parte de la instrucción” y que, en todo caso, “tuvo la ocasión de manifestar cuanto estimó oportuno”, así como “defender la legalidad del acto administrativo”.

En ese sentido, el Ministerio Fiscal insiste en que “no se trata de un beneficiario ajeno” a la causa penal “que nada conocía” del procedimiento de la obtención de la licencia urbanística anulada, que otorgó Reyes y que admitió haber prevaricado.

Licencia "manifiestamente ilegal"

Para la Fiscalía, que la empresa del Marina Rubicón pretenda “construir una indefensión basada en la falta de oportunidad durante el procedimiento penal cuando ha sido investigado por delito de cohecho” su representante es un intento de “construir de manera artificiosa un mecanismo retórico que permita equiparar al tercero de buena fe con el investigado y parte en un procedimiento penal”.

Del mismo, el fiscal recalca que el tribunal puede “declarar nulo un acto administrativo” como la licencia del puerto deportivo, al ser “consecuencia necesaria de las conductas delictivas” que se recogen en la sentencia y porque “no cabe duda” de que es “manifiestamente ilegal por haberse apartado groseramente de la legalidad”.