La Fiscalía presentó el pasado mes de diciembre el escrito de calificación de la pieza del caso Montecarlo relacionada con la gestión de los tributos en el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura.

El fiscal pide ocho años de cárcel para el ex interventor del municipio majorero, Carlos Sáenz, por tráfico de influencias, malversación y prevaricación. También solicita seis años para el empresario José Vicente Montesinos.

Por último, la Fiscalía solicita para el ex concejal de Hacienda, Guillermo Morera Santana, diez años de inhabilitación como cargo público por prevaricación.

Según señala el escrito de Fiscalía, el entonces interventor convenció en el año 2005 al empresario Montesinos para que se convirtiera en administrador único de la empresa Tributos La Oliva, cuyo propietario era un 'hombre de paja' de Sáenz.

La empresa, que no tenía ninguna otra actividad, asumió en marzo de 2006 la recaudación municipal "subrogándose ilegalmente" la posición de la empresa Gestributos, que era la encargada hasta entonces. Quien autorizó esa subrogación, que contravenía la Ley de contratos, fue el entonces concejal Morera Santana.

Tributos La Oliva gestionó la recaudación hasta diciembre de 2008 y obtenía como beneficio el diez por ciento de lo que recaudaba. La acusación sostiene que el interventor exigía a Montesinos cantidades de dinero de forma regular, aunque no ha podido concretar todas las cantidades porque se habría entregado en efectivo.

Según destaca la Fiscalía, sí hay pruebas de un ingreso de 3.000 euros por parte de Montesinos en la cuenta bancaria de Sáenz, y del regalo de un Volvo que pertenecía a la empresa, así como del pago de diversos billetes de barco.

La Fiscalía pide, por otra parte, que se archive la causa de forma provisional contra el ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, "toda vez que no resulta suficientemente justificada la perpetración del delito".