Con apenas una frase, la Fiscalía descarta seguir adelante con el denominado caso Minutas, en el que se investigaron los pagos al abogado Ignacio Calatayud por parte del Consorcio del Agua y de Inalsa, a raíz del concurso de acreedores de la empresa pública.

El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo archivó la causa contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, al considerar que no existían “indicios suficientes” de criminalidad contra el actual senador.

Durante la instrucción del procedimiento, primero por el juez Jerónimo Alonso y ahora por el juez Ricardo Fiestras, se investigaron presuntos delitos de fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.

Sin embargo, tras el archivo de la causa contra San Ginés por parte del Tribunal Supremo, el resto de investigados, entre los que figuran Ignacio Calatayud o antiguos administradores concursales de Inalsa, solicitaron también el archivo de sus imputaciones.

En un escrito fechado el pasado 2 de agosto, pero notificado a finales de mes, la fiscal María Guiomar Gallego señala que “no se opone a las peticiones de sobreseimiento formuladas a la vista del auto dictado por el Tribunal Supremo”.

De esta manera, al margen del archivo para San Ginés, el Ministerio Fiscal rechaza continuar con la investigación contra el resto de imputados en el caso, que impulsó desde su puesto en la presidencia del Cabildo, en el pasado mandato, la socialista Dolores Corujo.

Personación del PSOE

Cabe destacar que la instrucción de la causa movilizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que registró en marzo de 2022 el domicilio de Pedro San Ginés, además de inmuebles de Ignacio Calatayud en Madrid. También se embargaron cuentas corrientes y se intervinieron teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

Después del archivo de la causa dictado por el Supremo para San Ginés, el PSOE movió ficha para personarse en el procedimiento judicial, algo que no había hecho con anterioridad, y en mayo inició los trámites para entrar como acusación en la causa.

A la espera de la decisión que tome el actual juez instructor, el paso dado por la Fiscalía debilita las posibilidades de que el caso llegue a juicio, toda vez que el Cabildo, que en la práctica ejercía la otra acusación en nombre de Inalsa y el Consorcio, de forma implícita desistió de la acción penal con el nuevo gobierno.

Tal y como destacaba el Supremo, el Cabildo ya en este mandato señaló que “los responsables anteriores” de Inalsa y del Consorcio, en referencia a cargos del PSOE, presentaron la denuncia pero “no aportaron junto con la misma, ni durante la instrucción, actas de asambleas y de consejos de administración de Inalsa, informes jurídicos favorables a los denunciados y presupuestos de honorarios aceptados” de Calatayud.

“Vencimiento del plazo”

Otro de los factores clave para que, en opinión de la Fiscalía, el caso Minutas no pudiese seguir adelante está relacionado con la acumulación de dos procedimientos: por un lado las diligencias previas 1944/21 del Juzgado de Instrucción número dos, de Jerónimo Alonso, y las diligencias previas 579/16 del Juzgado número cuatro de Ricardo Fiestras.

La Fiscalía había reconocido que si se acumulaba la causa con otra anterior, como decidió la Audiencia, la investigación del juez Alonso sería ‘ineficaz’

Las primeras diligencias son las que se instruyeron a raíz de la denuncia, en el pasado mandato, por los pagos a Calatayud, mientras que las diligencias de 2016, que son a las que se derivó todo el procedimiento por decisión de la Audiencia Provincial, se iniciaron como pieza separada del caso por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

La Fiscalía consideró en un informe el año pasado que, en el caso de que se acumulasen los dos procedimientos, como finalmente acordó la Audiencia, las diligencias de Jerónimo Alonso “tendrían la consideración de ineficaces, al haberse acordado después del vencimiento del plazo de instrucción” de las otras diligencias de 2016.

Se da la circunstancia de que fue el propio juez Alonso el que envió a reparto esa pieza separada del caso de la desaladora de Montaña Roja, relativa principalmente al pago a Calatayud por informar sobre la incautación de la planta de la empresa Club Lanzarote.